Asegurarán secreto de  declaraciones juradas

Un convenio firmado ayer por el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad estatal determinó que las acciones, para desarrollar el programa, serán llevadas adelante por la dependencia universitaria y la Comisión Asesora Económica del Estado. Este organismo fue creado por la misma ley anticorrupción y tiene como fin asesorar al gobierno nacional en materia de delitos contra la Administración Pública y contra la economía y hacienda pública.

Según indicó a LA REPUBLICA el integrante de dicha comisión, Carlos Balsa, el convenio servirá para la creación del archivo que contendrá las declaraciones juradas que se le exigirá a los funcionarios públicos, que ocupen altos cargos, a partir de este año.

De acuerdo a la ley anticorrupción, los funcionarios estatales –integrantes del Poder Ejecutivo, legisladores, presidentes de los entes, integrantes de la Suprema Corte de Justicia y Tribunal de Cuentas, entre otros–, deberán realizar, al ingresar a la administración, una declaración de ingreso patrimonial. A los dos años deben hacer una nueva declaración y al cesar sus funciones deben declarar su bienes nuevamente. Según indicó Balsa, el número de funcionarios que deben detallar su patrimonio suman más de diez mil.

Las declaraciones se archivarán en sobres cerrados y anónimos en un sitio, aún por

La subdirectora del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República (Seciu), Mirta Podestá, explicó a LA REPUBLICA que el convenio se desarrollará en tres etapas, a lo largo de 4 meses. La primera consistirá en la organización de la información de las personas que están comprendidas en la ley anticorrupción (17.060).

Otro paso tendrá como cometido controlar que los datos obtenidos estén ingresados en tiempo y forma.

La tercera etapa consiste en la ubicación física de los sobres con las declaraciones juradas, que deben ser secretos.

Para esto se elaborará un mecanismo informático que permitirá que los sobres con las declaraciones sobre bienes tengan la seguridad que les permita permanecer en forma secreta en los archivos.

El sistema permitirá que cuando se requiera el sobre de alguna de las personas, este sea ubicable en el archivo. Para esto se tendrán una serie de claves, que permitirán ordenar en forma totalmente secreta los archivos.

Por su parte, Balsa indicó que las declaraciones juradas deberán presentarse hasta 30 días después de que se publique en el Diario Oficial el instructivo para las mismas. Esto será antes del 17 de marzo, expresó.

El integrante de la Comisión agregó que «ya están resueltos los datos que se solicitarán en los formularios, que estarán referidos a la relación patrimonial y de ingresos de los funcionarios, cónyuges y otros familiares directos a la fecha de ingreso a la administración pública».

Los sobres sólo serán abiertos en el caso de que existan fundamentos para la actuación de la Comisión.