Ancap en la encrucijada

Un documento reservado, al que tuvo acceso LA REPUBLICA, indica que la paralización de las obras de ampliación en la Refinería Ancap de La Teja, le reportará a Uruguay, en caso de suspensión total, una pérdida de U$S 62.893.000. El contrato con Techint-ABB Lummus establece, como segunda alternativa, la suspensión temporal de las obras, por lo que en ese caso el Estado uruguayo deberá desembolsar U$S 85.662.000 millones.

Cabe recordar que el gobierno nacional firmó un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de la Carta de Intención en el llamado «Memorándum de Políticas Económicas», para la desmonopolización de la importación y refinación de combustibles.

Documentos procedentes de Buenos Aires con fecha 20 de febrero de 2001, enviados por Techint-ABB Lummus al presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti, señalan que de prosperar la «alternativa 1″ –suspensión total de las obras de ampliación– Uruguay deberá desembolsar un total de U$S 62.893.000 millones, desglosados en: U$S 36.469.000 (U$S 29.650.000 más IVA), que ya fueron pagados por Ancap a Techint; U$S 9.524.000 (U$S 7.800.000 más IVA) por concepto de gastos «por compromisos asumidos»; U$S 14.700.000 por concepto de subcontratos; U$S 1.000.000, –costo de preparación de la oferta por el contratista–, y U$S 1.200.000, cifra que asciende a los honorarios calculados como el 20% del total de salarios y cargas sociales.

El documento señala que en caso de suspensión total del contrato a partir del 28 de febrero de este año, «todos los trabajos contractuales ejecutados por el contratista hasta dicha fecha serán certificados, facturados y le serán pagados en su totalidad según las previsiones del contrato, liberándose, habida cuenta de la suspensión, las retenciones a ser pagadas a Terminación Macánicas y Aceptación Provisoria de la obra, en forma compensada con el anticipo ya abonado por Ancap».

El documento de Techint expresa además que «complementariamente les cotizamos un monto global de U$S 7.800.000 más IVA (U$S 9.594.000), en compensación por todos los costos que deberá afrontar este contratista por desactivación anticipada de la ingeniería y cancelación de todos los compromisos asumidos hasta el 28/02/2001 con los proveedores de equipos, materiales y servicios, así como oír la desmovilización y desafectación del personal y equipos asignados a la obra».

En cuanto a la segunda alternativa, que contempla la suspensión temporal de las obras de ampliación de la refinería, la pérdida para el Estado uruguayo alcanzaría a U$S 85.662.000, vigente al 15 de marzo de este año.

En este caso, Ancap deberá desembolsar a Techint U$S 36.469.000, más U$S 9.524.000 y U$S 14.700.000, a lo que se le suma U$S 24.969.000 por concepto de «mantenimiento de ingeniería» durante la suspensión.

En ambos casos, los plazos puestos por Techint-ABB Lummus, 28 de febrero y 15 de marzo respectivamente, se encuentran vencidos por lo que el costo de los contratos podrían sufrir un incremento.

Un dato revelador, que aparece en el anexo 2, ítem 3, del documento «Descripción complementaria del alcance de las prestaciones del contratista», expresa que en los valores indicados para las alternativas 1 y 2 «no han sido incluidas previsión alguna por costos derivados de eventuales acciones de fuerza, hostilidades, desórdenes públicos, huelgas y otros disturbios laborales o civiles (sic)».

También se incluye en esta exclusión, costos por «eventuales reclamos laborales en la República Oriental del Uruguay originados por la mencionada suspensión».

 

«El gobierno miente»

El diputado del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Raúl Sendic, catalogó como «un disparate» la erogación millonaria que deberá hacer Uruguay para «finalmente no tener una refinería».

«Cualquiera de las dos alternativas implica un gasto millonario para Uruguay y en ninguna de esas alternativas vamos a quedar con la obra terminada. El compromiso del gobierno con el FMI es por la desmonopolización de la refinación e importación de combustible, por lo tanto es mentira que el gobierno piense separar las dos desmonopolizaciones», afirmó Sendic.

El representante nacional consideró que las obras de ampliación de la refinería serían un paso «fundamental» para situar al ente en los próximos años con capacidad real de competir en un mercado liberado de los combustibles.

«Si la obra no se hace y se espera al socio, en el momento que se produzca la liberalización del mercado, Ancap no va a estar en condiciones de competir», sostuvo.

En cuanto al argumento planteado por las actuales autoridades del ente de que la obra debe realizarse con recursos genuinos de Ancap, Sendic dijo que «es cierto, pero lo que no dicen es que en realidad la obra se está haciendo con recursos de Ancap».

Inicialmente, el organismo le pidió a Rentas Generales los recursos necesarios, aproximadamente U$S 120 millones, pedido que fue negado, por lo que Ancap formó un «club de bancos» en el exterior, obteniendo el «investment grade» con calificación AA, es decir el mayor grado de fiabilidad, por lo que los organismos financieros entregaron los U$S 120 millones, que el ente pagará con las propias utilidades de la obra.

«Estas remodelaciones tienen tres objetivos principales», señaló el diputado, «aumentar el volumen de producción de 37.000 barriles diarios a procesar 50.000 barriles diarios lo que baja el costo de producción por litro de combustible refinado. Por otro lado, nos permite competir en calidad en el mercado ya que esta obra apunta a eliminar el plomo en la nafta y, en una segunda etapa, el azufre en el gas oil.

Hacer la obra hoy permite que para finales de 2002 Uruguay tenga un mayor volumen de producción, con un combustible más barato y de mayor calidad «.

Según el legislador desde el pasado año, el ente ha sido blanco de una ofensiva «evidenciada en las medidas adoptadas en el orden legislativo y por decretos del Ejecutivo».

Recordó que durante el año 2000 «se eliminó el monopolio que el ente tenía sobre los asfaltos, así como el monopolio para la importación de gas natural, durante la segunda Ley de Urgencia, y también la obligación que tenían las empresas del Estado de comprar el cemento de Ancap.

Ahora le tocó a los combustibles» concluyó Sendic.