Con la soga al cuello

Marcelo Bustamante

 

El fenómeno social de los asentamientos irregulares en nuestro país está extendiéndose en forma acelerada y parece ser que todas las políticas tendientes a reducir esta explosión poblacional son inútiles. La marcada crisis económica, una tendiente pérdida del poder adquisitivo y la falta de empleo impiden a miles de familias comprar una casa, un terreno o financiar mensualmente el peso de un alquiler, por más barato que resulte ser en algunos casos.

Los más perjudicados –no sólo aquellos marginados catalogados históricamente como clase baja– deben conformarse con construir una modesta vivienda en algún terreno abandonado.

Los habitantes del asentamiento San Luis, que se estima tiene una población superior a las 500 personas, son una muestra clara de que las últimas informaciones oficiales de gobierno sobre los uruguayos que se encuentan en situación de emergencia, en realidad fueron largamente superadas por la realidad. Se informa que existen 412 cantegriles en todo el país y 155.000 personas que viven en situación de irregularidad.

Los motivos que llevaron a la ocupación por parte de estas 119 familias no difieren de otras situaciones similares: que tenían el desalojo, que vivían de prestado y que ni siquiera los ingresos económicos podían solucionar las urgencias del techo.

Sin una organización previa, el 3 de febrero lentamente las familias comenzaron a levantar las precarias construcciones utilizando mayormente madera y chapas. Mujeres con bebés, familias con hijos numerosos –según dijeron los ocupantes habría unos 300 menores– están dispersos en 37.200 metros cuadrados de terreno.

Ayer por la tarde, cuando la preocupación estaba latente por una inminente desocupación, los integrantes de la comisión del asentamiento se reunieron para distribuir tareas de funcionamiento. LA REPUBLICA escuchó los reclamos de estos uruguayos sin techo, que son conscientes de estar cometiendo el delito de usurpación, pero que no tienen otra salida. «Â¡La mano está dura!», coincidieron en afirmar los «invasores».

La Justicia los intimó a desalojar. «Váyase a contrabandear a Artigas», le habría dicho una actuaria a una de las residentes irregulares. Sin embargo, destacaron el buen trato recibido de parte del comisario de la seccional 21ª el que, hasta el momento, tiene una correcta relación con los vecinos.

Tienen dudas sobre si las monjas son las propietarias del predio, debido a versiones que indican que el verdadero dueño es un particular que dejó el país y durante 20 años no pagó la contribución. Sin embargo, manifiestan no estar contra estas religiosas ni importarle si tienen o no título. Solamente piden una solución. Unicamente dejarán las tierras si alguien –llámese Ministerio de Vivienda o Intendencia– les otorga un predio que después pagarían en cuotas.

«No queremos desafiar la ley, ni perjudicar a nadie», advirtió uno de los ocupantes, «pero si me tiran el rancho, al otro día lo levanto de nuevo», acotó.

La triste realidad de empleos precarios y bajísimos ingresos que motivó la masiva ocupación, llevó a sumar otro trago amargo para el desarrollo de sus vidas. No basta su condición de pobre: esta conducta desesperada les dejará una mancha de por vida: algunos fueron procesados sin prisión por la Justicia. «Con antecedentes, es más difícil conseguir un empleo», se argumentó. A los que fueron a declarar al Juzgado se les entregó un documento donde se consigna en torno a la situación procesal de los acusados, que tienen causa abierta.

A pesar de permanecer en estas tierras por más de un mes, recién en la última semana lograron cierta organización que les permitió distribuir tareas, como las de mejoramiento del predio y la provisión de alimentos para los más careciados.

Cientos de personas comen de una olla popular y a través de un merendero, los niños reciben leche y pan.

Los ocupantes reclaman al gobierno por la falta de soluciones, demandando respuestas que contemplen su desesperante situación. «Está bien que quieran erradicar los asentamientos, pero que nos saquen la soga del cuello», inquirió un integrante de la comisión. «A nadie le gusta estar acá. Sólo queremos tener un lugar donde vivir», advirtió otro.

Se lamentaron que la ocupación no fuera organizada y planificada. «Si fuera así, se habría hecho en período electoral, donde por intereses partidarios muchos políticos estarían interesados en nuestra situación y nos harían caso», sentenció uno de los vecinos del cantegril.

La tensión recorre el asentamiento, ante el posible desalojo previsto para mañana.