El 42% de hombres trabajadores precarios son jefes de hogar

En Uruguay la población económicamente activa asciende a 1.4 millones, de los cuales 907 mil son asalariados. De éstos, 700 mil se desempeñan en el sector privado y 207 mil pertenecen al sector público.

El estudio, que abarca desde comienzos del 90 hasta diciembre de 2000, da cuenta que la precarización laboral es uno de los principales problemas que afecta a los trabajadores, especialmente a aquellos que integran los sectores con mayor exclusión del mercado laboral. Dentro de esta situación se encuentran trabajadores rurales, de empresas de limpieza y de seguridad, de servicio doméstico, fuera de planilla y trabajadores informales.

Según datos aportados por el Equipo de Representación de los Trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS), el 19.8% de la población económicamente activa trabaja en condiciones de extrema precariedad desglosados de la siguiente manera: el 12.4% no posee cobertura de seguridad social, un 5.1% corresponde al servicio doméstico, mientras que el restante 2.3% obedece a múltiples causas.

El documento expresa que casi 300.000 personas se encuentran en esta problemática y que, desde el punto de vista cualitativo, «es una población relativamente homogénea» y con «serias dificultades de recuperación».

Este sector se caracteriza por trabajadores jóvenes, con un bajo nivel de instrucción y, mayoritariamente, jefes de hogar, provenientes de familias con bajos ingresos. En materia sindical, se informa que pertenecen a ramas sin negociación colectiva, ni fuero sindical y con organizaciones sindicales débiles, ubicándose, además, en los tramos de pequeñas empresas lo que incluye, por ende, tercerizaciones y nuevas formas de contratación laboral.

También se constata una alta rotación laboral, lo que reduce su capacitación en el trabajo, recibiendo ingresos por hora menores que el resto de los trabajadores.

«Dentro de las condiciones en que se encuentra la clase trabajadora asalariada adquiere importancia la delimitación de los trabajadores precarios, por ser la mayoría dentro de los que tienen problemas de empleo y al mismo tiempo presentar ciertas condiciones homogéneas que, de alguna manera, reproducen y profundizan las condiciones de precariedad», señala el documento, agregando que las condiciones de trabajo «son de alto nivel de precariedad, debido a la conjunción de los cambios en la estructura del empleo, la represión antisindical y la falta de mecanismos de negociación».

Los trabajadores y trabajadoras precarios se ubican en un tramo intermedio en ser jefes de hogar, siendo más importante que los desempleados.

Un dato revelador es que el 42% de los hombres que cumplen tareas precarias son jefes de hogar, un guarismo por demás significativo que evidencia la necesidad en materia de encontrar algún trabajo, lo que los obliga a aceptar condiciones precarias como, por ejemplo, la no cobertura de la seguridad social.

En cuanto a las remuneraciones mensuales, se observa una clara diferencia en el nivel de ingresos de los trabajadores, siendo los más desfavorecidos los precarios, que reciben en promedio a lo largo del período, tan sólo el 55% de los ingresos promedio del total de ocupados.

 

La nuevos asalariados

Las cifras brindadas por el Equipo de Representación de los Trabajadores del BPS, en las que se basa el extenso documento del Instituto Cuesta-Duarte, da cuenta de que en Uruguay hay 907.000 asalariados, a los que hay que sumarle más de 100.000 asalariados rurales.

En el marco de esta nueva «estructura de asalariados», el informe revela que las formas de organización del trabajo y contratación de la fuerza de trabajo han cambiado, «privilegiando formas tales como la subcontratación, el trabajo a domicilio, la mano de obra temporal en la que el patrón no es el del establecimiento sino un intermediario, u otras formas nuevas e ingeniosas como los procesos de tercerizaciones».

Otro de los cambios sustanciales en el entramado social fue la desaparición de grandes concentraciones fabriles –el auge de la industria frigorífica en la década del 50 y posterior decadencia es un buen ejemplo de ello–, donde cientos o miles de trabajadores cohabitaban en su trabajo, lo que en cierta medida fomentó la precarización. En este sentido, se estima que casi 200.000 personas trabajan en el comercio, casi 50 mil en el área del transporte y comunicaciones y casi 60 mil en establecimientos financieros y servicios a las empresas.

«En síntesis», señala a modo de conclusión el documento, «hay ese millón de asalariados que ya no están ubicados en las mismas áreas, ya no son básicamente obreros industriales, ya no son básicamente trabajadores del sector público, sino que son fundamentalmente trabajadores del comercio y servicio».