La Teja no aguanta más

La presencia de más de doscientos vecinos de la zona, preocupados por la contaminación por plomo que afecta hasta el momento a doce familias, en la mayoría menores de edad, ameritó que la reunión se debiera hacer en un terreno contiguo al CCZ 14 y no el salón previsto en un primer momento.

En una improvisada asamblea, los vecinos criticaron duramente la actuación del Ministerio de Salud Pública, cuando el director nacional de Salud, Eduardo Touyá, hizo uso de la palabra para explicar los alcances y consecuencias de la intoxicación por plomo.

«Somos pobres pero queremos soluciones inmediatas», vociferó un vecino, al tiempo que otros le exigían «responsabilidad» y «compromiso» al jerarca de la cartera de Estado.

En la reunión se hicieron presentes, además de Touyá, Gloria Ruoco, Ernesto Furto y Mabel Burger por el MSP, el subdirector de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Víctor Cantón, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Luis Lazo, así como la asesora de Salud de la comuna capitalina, Perla Vivas. También concurrieron dos médicos del Centro de Toxicología dependiente del Hospital de Clínicas y especialistas de la Facultad de Química.

En un clima de tensión y malestar por parte de los vecinos, lo que ameritó en varias oportunidades la intervención del secretario de la Junta Local del CCZ 14, Jorge Buriani, las autoridades relataron las actuaciones realizadas hasta el momento.

También se hizo referencia al caso de un menor de doce años, internado en el Hospital Policial, por intoxicación por plomo y mercurio. La información no fue divulgada en su totalidad a pedido de su madre.

En reiteradas ocasiones, mientras informaba sobre las acciones realizadas, Touyá fue interrumpido por los presentes, que acusaron al MSP de no haber actuado con la celeridad que la situación ameritaba.

Leticia Cabrera, vocera del grupo y madre de dos niños de seis y dos años, a los que se le detectó índices que duplican el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), exigió al jerarca que se «revelara» el tratamiento que está aplicando Salud Pública. Asimismo, recordó que «tenemos el derecho a saber los riesgos que corren nuestros hijos», lo que motivó el aplauso de los presentes

La problemática que afecta a los habitantes de la populosa barriada quedó al descubierto luego de que la LA REPUBLICA reveló en la edición del 14 de febrero, los resultados de los análisis realizados a los dos menores.

En el caso de la niña de seis años, la cantidad de plomo por decilitro de sangre es de 22.40 microunidades por ciento, mientras que el caso del varón de casi dos años, el índice alcanza al 25.90 de microunidades por ciento. El límite admitido por el organismo internacional es de 10 microunidades/dl. Los primeros síntomas padecidos por los menores fueron cefalea y un cuadro anémico agudo.

Touyá reconoció que los niveles detectados, tanto en adultos como en niños, «son algo mayores de los admitidos por la Organización Mundial de Salud, pero están lejos de ser factor determinante de enfermedades», señalando que los síntomas son visibles a partir de más de 40 micr/dl..

«Aquí vinimos a escuchar soluciones y no discursos. En Salud Pública se negaron a atenderme porque no podía pagar los 750 pesos que cuesta el análisis», interrumpió otro vecino.

«Si estuviera en su lugar estaría igualmente de preocupado», respondió el director nacional de Salud, al tiempo que ratificó el compromiso asumido por la cartera de hacerse cargo de los costos de los análisis para medir la presencia del metal en la sangre. Para ello, se habilitó el Centro de Toxicología del Hospital de Clínicas. «Llamamos al decano de la Facultad de Química para asegurarnos de que todos los costos de los estudios van a ser solventados por el Ministerio de Salud Pública», precisó.

También informó que la cartera de Estado dispuso el control clínico de todos los menores que sobrepasen el límite permitido por la OMS, para la prevención de posibles consecuencias.

En tanto, Víctor Cantón informó que la Dirección Nacional de Medio Ambiente instalará un sensor en la zona para medir los niveles de contaminación en el aire, en coordinación con la comuna capitalina.

El director de Desarrollo Ambiental de IMM, Luis Lazo, informó que se clausuraron tres fundiciones luego de que las inspecciones realizadas detectaran que una de las plantas industriales trabajaba en forma clandestina, otra estaba inhabilitada y la tercera no cumplía con la normativa adecuada en materia de controles.

Lazo afirmó que los primeros muestreos detectaron la presencia de plomo y zinc en cantidades importantes y que se continuará con los análisis de suelo y extracción de muestras en las viviendas. Los resultados de la segunda muestra se conocerán la semana entrante.

Serias carencias

La contaminación por plomo que padecen al menos doce familias de La Teja ingresó por primera vez ayer al Parlamento, luego de que un grupo de vecinos y representantes del Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección de Desarrollo Ambiental de la comuna capitalina fueran recibidos por la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Diputados, que sesionó en forma extraordinaria. «La información brindada por las autoridades evidenció una serie de carencias existentes en materia de protección ambiental y salud pública», afirmó el legislador Raúl Sendic.

El representante nacional por el Encuentro Progresista-Frente Amplio catalogó como «preocupante» la situación, luego de que autoridades de la Dinama reconocieran «no tener recursos» para instrumentar un plan de monitoreo del aire en la zona. De hecho, la Dirección Nacional de Medio Ambiente cuenta sólo con una unidad móvil para estos casos que, sumada a las dos que posee la Dirección de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, serán instaladas la próxima semana en Luis Batlle Berres y Gowland, lugar donde se detectó el primer caso, y en zonas aledañas.

«La Dinama», sostuvo Sendic, «no ha reglamentado las normas de protección ambiental que fueron aprobadas por ley, lo que no permite ayudar con mayor eficacia en relación a las fuentes de contaminación. Además, quedó en evidencia la carencia de políticas preventivas para este tipo de casos».

Sostuvo, además, que el Ministerio de Salud Pública procedió con «lentitud», luego de detectado el primer caso en setiembre del año pasado.

«Lo más grave es la situación en Salud Pública. El director nacional de Salud, Eduardo Touyá, reconoció que el ministerio recibió la información por `cuentagotas´ a través de notas de prensa y quedó en claro que no existen mecanismos de alerta suficientes en el MSP, producto también de la diversificación que tiene el sistema de salud.

Si bien se realizaron tareas coordinadas por técnicos de las cuatro dependencias, los jerarcas se reunieron recién la semana pasada», señaló.

En este sentido, el MSP reafirmó la decisión de habilitar dependencias de Toxicología para la extracción de muestras de sangre de los que vecinos que viven en un radio de un kilómetro alrededor de Batlle Berres y Gowland, que serán analizadas por la Facultad de Química.

Paralelamente, la cartera de Estado realizará en el correr de la próxima semana un protocolo de actuación epidemiológica, para lo cual se comprometió a elaborar un plan para la toma de muestras en los próximos días.

Las hipótesis manejadas por los técnicos apuntan a una contaminación por «múltiples factores
«. También se desconoce si se está en presencia del centro del foco o si existen otras fuentes.

«Está claro que cinco meses después no existe una dimensión real del alcance de este problema», afirmó Sendic.