MSP coordinará en crisis

El desorden de ambulancias que prestaron sus servicios en el accidente ocurrido en Paso Pache, Florida, cuando en noviembre pasado fallecieron 19 personas al caer un ómnibus de un puente con partidarios del Partido Colorado que venían de un acto político, no permitió asistir con facilidad a los pasajeros. La situación fue tomada como fundamento para elaborar el decreto que intenta dotar de mayores medios al Ministerio de Salud Pública para casos de crisis similares.

Ahora el MSP podrá contar con más de un centenar de ambulancias tripuladas en todo el país, según el decreto que establece que el 10% del total de las unidades móviles con que cuenten las empresas, deberá cooperar con el sector público, siendo comandadas y coordinadas por la secretaría de Estado.

Alrededor de 1.000 ambulancias existen en el país, las que en caso de epidemias o de serias amenazas de invasión de enfermedades infecto-contagiosas deberán prestar auxilio, teniendo en cuenta que «la adopción de medidas inmediatas es competencia del MSP, conducentes a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección», reza la resolución en su considerando.

La cooperación de las unidades móviles se compensa, entre otros beneficios, con la exoneración del IVA a las empresas de emergencia.

El MSP será quien declare la situación de emergencia y requerirá directamente de dichas entidades privadas, la asistencia médica con unidades móviles, debiendo establecer expresamente el comienzo y la finalización del período de emergencia.

Por su parte, las empresas de atención médica deben comunicar mensualmente al MSP, la cantidad de unidades móviles con que cuentan, así como las variaciones que se produzcan.

El MSP ordenará el operativo catástrofe con la coordinación de las ambulancias para que presten asistencia. Las unidades de atención médica –puestas a disposición del MSP–, deben incluir recursos humanos y materiales especialmente adecuados para el diagnóstico, tratamiento y traslado de pacientes, y estar equipadas, según el decreto del 26 de agosto de 1986 que reguló esta materia.

Simulacros

Las sanciones para las empresas que violen la disposición ministerial, abarcan desde el pago de 30 a 130 Unidades Reajustables, suspensiones de servicios y cierres de los establecimientos, dependiendo de la gravedad y de los antecedentes de incumplimiento de la empresa.

Asimismo, la obligación de contribuir con unidades móviles de emergencia en la forma establecida se extiende a los casos de preparativos y realización de simulacros de situaciones de emergencia, crisis, desastres o similares, establece el decreto que lleva la firma del presidente Julio María Sanguinetti y del ministro Raúl Bustos.