Barrios carenciados roban energía a UTE por U$S 16 millones al año

El presidente de UTE, Ricardo Scaglia, informó a LA REPUBLICA que el Directorio resolvió ampliar el número de funcionarios que se dedican a tareas de seguimiento y contralor en barrios carenciados y asentamientos luego de constatarse que en los lugares donde se realiza un efectivo control, el hurto de energía representa sólo un 25% del total de esa área mientras que en las zonas en que no se realiza seguimiento la cifra trepa al 75%.

Entre 1993 y 1997 UTE regularizó 4.894 viviendas, esto es, realizó la inspección de la vivienda, el contrato de suministro, la instalación de un enchufe, una lámpara y una llave térmica de seguridad, teniendo el consumo del escalafón más bajo del régimen tarifario con alrededor de $ 0,85 el kilovatio, no debiéndose superar los 100 kilovatios/hora de consumo al mes. Si se consume más se incorpora al segundo escalón tarifario en el cual se cobra $ 1,25 el kilovatio/hora al mes.

En 1995 se solucionó el suministro de energía en 1.486 núcleos básicos evolutivos, mientras que del 97 al 2000 las casas regularizadas por UTE llegaron a 6.367.

En total fueron regularizadas 12.747 viviendas y otras 30 mil están pendientes de solución.

Scaglia destacó que en las 3.799 viviendas en que se realiza un seguimiento con inspectores, el hurto es del orden del 25% mientras que en los casi 9 mil restantes donde no se realiza dicho seguimiento los «colgados» alcanzan al 75% de los hogares.

El jerarca recalcó empero que la política de la empresa es continuar persiguiendo el hurto de energía pero recordó que poco después de asumir hace dos años, se inició un plan de recuperación de pérdidas no técnicas que en primera instancia abarcó a los clientes residenciales de gran consumo y medianos consumidores. Como consecuencia de esas inspecciones y posteriores denuncias penales, hubo más de 20 procesamientos y se logró recuperar en dos años una cifra cercana a los U$S 10 millones de dólares.

En ese marco, UTE tiene pendiente a estudio de la Justicia más de mil expedientes por presuntas irregularidades o hurto de energía. Luego de la campaña agresiva llevada a cabo por el organismo a través de los medios de comunicación, en los que se daban plazos concretos para denunciar cualquier anomalía que se detectara en el medidor de la luz, este tipo de delitos disminuyó drásticamente.

Scaglia subrayó además que para los funcionarios de UTE en muchos casos «es muy difícil» entrar en estos barrios para proceder a cortar la conexión ilegal y sostuvo que generalmente estas familias se vuelven a reenganchar.

A su juicio, la política del ente en estos barrios debe apuntar a tener «inmediatez», es decir que personal de UTE esté en permanente contacto con el cliente para concientizarlo de la necesidad de dar cumplimiento al contrato y al pago de sus facturas.

En tal sentido, el Directorio resolvió ampliar el número de funcionarios que trabaja en el departamento de Atención Comercial, compuesto hoy por un supervisor y 5 gestores, para el seguimiento de más de tres mil viviendas próximas a regularizar. Se dispuso que por cada 2.500 viviendas en plan de solución, se destinen cuatro personas y dos vehículos adicionales.

En ese marco el plan de ampliación de inversiones en obras de distribución (para concretar el cableado de estas zonas) asciende a U$S 1.5 millones, mientras que el seguimiento comercial quedará en total con 8 gestores y 5 vehículos adicionales. Para Scaglia el tema pasa por «educar». «Debemos hacerles comprender que sabemos los grandes problemas que tienen, que la empresa está haciendo los esfuerzos necesarios para ayudarlos pero que tampoco la UTE se puede desfinanciar», dijo el presidente del ente, descartando que se disponga en un futuro el envío a juicio de los clientes que hurtan energía, a diferencia de los grandes consumidores. Los inconvenientes del ente energético para cobrar sus servicios en los asentamientos son similares a los que tiene OSE para el cobro del agua potable que suministra.

Si bien el anterior Directorio ha sido tajante en afirmar que «no permitiría el robo de agua» y ordenó el corte de varias conexiones clandestinas, la ex presidenta de la empresa, Esther Yáñez, dijo a LA REPUBLICA en varias ocasiones que sería tarea del actual Directorio encontrar una tarifa social que atienda las necesidades de estas familias. UTE por su parte, apuesta al diálogo para tener una mayor cobrabilidad.