Amenazas y acusaciones presionan investigación por convenios del Iname

Mariana Rabinovich – y Leo Luzzi

La situación de los contratos del Iname con varios centros maragatos con los que tiene convenio está en manos de la Justicia Penal como consecuencia de las acusaciones recibidas por la Comisión Especial de la Junta Departamental maragata contra el jefe departamental del Iname. Dicha comisión fue encargada de indagar las denuncias que señalan que De Almeida sería responsable de «intromisión permanente» en los asuntos de la Asociación Civil Paidia y de la existencia de irregularidades en el manejo financiero y de recursos humanos de la misma.

Sin embargo el jerarca involucrado negó a LA REPUBLICA las acusaciones. La Comisión de la Junta consideró tras estudiar uno a uno y en forma secreta los múltiples testimonios recogidos, que era necesario presentar el tema ante la Justicia. Hoy miércoles se reunirá el Directorio del Iname y el informe ingresará directamente sin pasar por mesa de entrada, «dada la gravedad del caso», señaló una fuente de la Junta Departamental. El Iname además había ordenado una investigación interna en San José para revisar los convenios firmados y su administración.

El ex presidente y fundador de Paidia, Pedro Aranda, acusó a De Almeida en el Programa radial de FM Principal «Puesta al Día» de practicar «una mala administración» y de actuar con «falta de responsabilidad». Aranda, refiriéndose en primera instancia a De Almeida y también a la funcionaria directora de Pronasica, Marianela Diana, consideró que debería hacérsele «un sumario a los acusados y darle al pueblo la verdad».

Por otra parte, 17 padres de adolescentes becados por el proyecto Pronasica, presentaron una carta a LA REPUBLICA negando que Diana «se quede con parte del dinero de las becas» que sus hijos perciben del Iname para que trabajen y estudien. Sin embargo el funcionario del Iname que declaró en la Junta aseguró públicamente que «algunos padres han sido amenazados» con que sus hijos perderían estos beneficios como consecuencia de la investigación que se viene realizando. Agregó que Diana ejerce «presiones», para generar «miedo».

El Iname paga subsidios para becar a 48 jóvenes en San José.

 

La Placita

LA REPUBLICA fue informada de que en las denuncias recogidas por la Junta Departamental también se cuestiona el caso del Caif «La Placita», que dirige Eduardo Puchy (dirigente de la lista 822 y delegado departamental del plan Caif). Las declaraciones formarían parte del material que la Junta Departamental elevó a la Justicia y consignarían que este Caif «comparte» un predio con otro proyecto, «Cecale», que pertenece a Paidia. «La Placita paga un alquiler de $ 5.400 aproximadamente, pero no a Paidia sino a un particular, (sin abonar luz ni agua, gastos que abona Paidia por tener contadores comunes). Paidia también paga al mismo particular dueño del terreno $10.344″. mensuales por concepto de alquiler. De acuerdo a estos números el total de la renta, pagada por La Placita y Cecale, asciende a $15.744. Fuentes de la investigación señalaron sobre el particular que «debe saberse que ningún integrante de la Asociación (Paidia) pudo ver nunca el contrato de alquiler…». Agregan además que el Caif fue edificado por jóvenes del Iname, por lo que entonces habría que saber de dónde salieron los materiales y si el propietario del terreno, en caso de cancelar el alquiler, se quedaría gratis con el inmueble edificado por los propios chicos.

Nuestras fuentes señalaron asimismo que «si hubo alguna modificación de los papeles del polémico alquiler y en relación a las demás irregularidades, ocurrieron después de la denuncia efectuada el 23 de agosto de 2000 por una ex presidenta de Paidia».

 

Molestias y amenazas

El pasado jueves, el delegado departamental del Plan Caif, Eduardo Puchy se presentó para ofrecer a LA REPUBLICA información y documentación que desmentía las acusaciones de las cuales era objeto. Quedó acordado que junto al resto de la comisión directiva de «La Placita» y a «la secretaría ejecutiva del Plan Caif» se realizaría una reunión con este matutino el lunes a las 19:30 horas, la que finalmente no se concretó.

Ese mismo lunes de mañana Puchy atacó la nota publicada el domingo 14 de enero en LA REPUBLICA y en el semanario «San José Hoy» el viernes 19.

En las extensas declaraciones que realizó en el programa «Puesta al Día» no se refirió concretamente a los cuestionamientos que le involucraban.

Adjudicó además a este matutino acusaciones hechas por quienes declararon en la Junta Departamental y se refirió a personas como la directora Nacional del plan Caif, licenciada Isabel Bové, quien no había sido aludida hasta el momento por nadie. El tema, en concreto, son las denuncias por irregularidades detectadas en el funcionamiento de algunos convenios del Iname en el departamento.

La nota periodística que molestó a Puchy incluía testimonios que habían sido vertidos en la comisión de la Junta que investigó el tema. Varios de los testigos comentaron luego, haber sido amenazados en forma anónima o indirecta para evitar que divulgaran información.

Tras la intervención radial de Puchy, los testigos aclararon que las amenazas «en ninguna forma provienen de los chicos del Iname, (como lo afirmó Puchy) sino de los implicados» en las denuncias que investiga la Justicia.