Incluirán cursos de educación vial en Primaria y Secundaria

Si bien aún no es posible determinar las cifras exactas de 2000, el técnico adelantó que la cantidad de muertes por accidentes de tránsito descendió en el entorno del 30%, pero aumentó en un 15% la cantidad de accidentes con heridos.

Por este concepto Uruguay tiene costos por encima de los U$S 900 millones anuales, pérdidas para el país que, por ejemplo, se equiparan al total de ingresos por turismo. Esta realidad, mirándola desde un punto de vista económico, le cuesta a cada uruguayo $ 600 pesos por mes, teniendo en cuenta la infinidad de variables que se calculan, desde la propia atención hospitalaria, los costos materiales y la relacionada con la pérdida de producto bruto interno debido a que esta epidemia afecta mayoritariamente al sector productivo de la población.

La Conatran está integrada por un delegado de los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Salud Pública, Interior, Educación y Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo, Banco de Seguros, Cámara de Transporte del Uruguay y la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, como así también un delegado titular y uno alterno designado por los intendentes del interior. La integran también dos delegados del Poder Ejecutivo entre candidatos propuestos por el Automóvil Club, el Centro Protección de Choferes y la Confederación Uruguaya del Transporte Automotor.

El registro que nunca llega

Erramouspe reconoció que la lentitud del Estado para procesar los cambios es el único motivo por el cual aún no está en funcionamiento el Registro Unico Nacional de Vehículos y Conductores Infractores que comenzó a instrumentarse hace cinco años.

La conformación de dicho registro tiene dos puntas: una en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y otra en las intendencias municipales.

«La del MTOP estaría culminada, fue adjudicada la licitación y se está implementando el sistema informático en el seno del ministerio pero falta quién nutra los datos a ese registro. Hoy se da que encontramos un conductor con nueve libretas de conducir. El registro único va a evitar eso, ya que se podrá tener con el número de cédula una identificación del conductor en Montevideo, en Artigas o en Río Negro».

En cuanto a la otra «punta de la madeja» que se encuentra en el ámbito del congreso de intendentes, ya que cada intendencia debe aporta los datos de automóviles y conductores empadronados, Erramouspe indicó que hubo una «experiencia fallida» en la primera etapa del proceso licitatorio por vicios formales del llamado y está muy atrasado para adjudicar a las empresas tanto el hardware como el software.

Para Erramouspe, a partir de su puesta en práctica, se podrán tomar medidas correctivas permitiendo en primera instancia «sacar a todos los potenciales asesinos que están conduciendo en la calle».

Como comisión, agregó, «sugerimos copiar de los registros bien hechos, lo que nos permitirá llegar a la libreta por puntaje. A tantos puntos, se le quita el permiso; a un infractor consuetudinario hay que quitarlo de la calle, y el análisis específico de los puntos donde más se producen más accidentes, también lo arrojará la estadística del software».

Controles policiales

La comisión emitió en diciembre un comunicado de prensa manifestando su «desacuerdo» con el retiro del apoyo policial en la fiscalización de exceso de velocidad y controles de alcohol, especialmente en dicho mes, en el cual trasdicionalmente aumenta el consumo de bebidas alcohólicas. El comunicado exhortaba a las autoridades nacionales y municipales a incrementar los esfuerzos para evitar estos graves perjuicios que se generan a la sociedad uruguaya.

A partir del 7 de noviembre, el Ministerio del Interior dispuso la eliminación a todas las intendencias municipales de la custodia policial para la realización de controles tanto de velocidad como de alcoholemia, argumentando un mejoramiento de la imagen de la Policía y de una función más educativa, lo que provoca la inhibición de realizar dicho control, ya que por ley solamente están habilitados los funcionarios del Ministerio del Interior debidamente preparados por Salud Pública. «La comisión aspira a que los funcionarios municipales también estén habilitados para hacer controles de alcoholemia y esa medida está incluida en un proyecto de ley que se presentará a corto plazo».

En materia de prevención y educación vial, sostuvo, está «todo inventado» y solo resta copiar las experiencias de los países que tienen un buen registro funcionando.

A su juicio, la temática «debe ser encarada en forma multidisciplinaria empezando por la educación. Existen planes para incluir planes de educación vial en los programas curriculares de Primaria y Secundaria.

No obstante, el técnico subrayó que esta propuesta «es a veinte años», por lo que, simultáneamente, hay que tomar medidas «correctivas» para los conductores de más de veinte años que ya no están en condiciones de aprender, sino de ser educados de otra forma mediante severas sanciones.

Uno de los ejemplos a imitar es, según Arramouspe, el caso de España, país que creó uno de los sistemas más «perfectos y copiables» en cuanto a educación y control, relacionado con las exigencias para otorgar la libreta de conducir. «Yo diría que si vamos los conductores habilitados en Uruguay a España posiblememte quedemos habilitados para manejar bicicletas». «Hay que estudiar un libro para salvar la prueba, hay licencia de conducir por cilindrada en las motos, los conductores profesionales tienen un nivel de exigencia muy importante y eso acompasado con sanciones durísimas para los infractores», comentó.

No obstante, el técnico piensa que la actual situación en Uruguay puede comenzar a revertirse con la aprobación del primer Código Nacional de Tránsito, cuyo proyecto será puesto a consideración de los directores de tránsito y las juntas departamentales de todo el país por Conatran entre marzo y abril próximos.

Este Código indicará claramente las reglas de conducción para todo el país, ya que hoy hay veinte formas de conducir en el país acorde a las 19 intendencias y a las rutas nacionales dependientes del MTOP. «Hay disparates tan grandes en algunos departamentos, como por ejemplo cambiar los lugares de estacionamiento según para donde dé el sol en cada época del año».

Erramouspe aseguró que en la mayoría de los departamentos no es obligatorio el uso de casco en las motos.

Solamente en Montevideo y Maldonado es obligatorio y se controla, en algún otro departamento su uso es obligatorio pero no se controla porque es antipopular», indicó.

«El control también debe pasar por el estudio de las exigencias psíquicas y médicas para la aprobación de la libreta, algo que se cumple en muy pocas intendencias. Generalmente el usuario va con un certificado médico que se lo firma un profesional amigo y el hombre a veces no está apto para manejar, comentó.

Erramouspe cuestionó que en muchos casos, el Parlamento es netamente político y «se dispara un poco de lo técnico».

«Ahora ha sido aprobada la prohibición del retiro de documentación a los conductores, algo que tiene una base muy racional que es evitar la corrupción. Pero eso es válido a la hora de tener un registro único nacional, porque hoy si lo multa un inspector en Río Negro y no le quitan la documentación esa multa no la paga más, no existe».

«Estamos a favor de que no se retire la documentación, pero una vez que existan los elementos como para que la sanción se aplique, tomar esta resolución separada del contexto es de extrema peligrosidad, y convierte al funcionario en un monigote».