Servicios públicos: privatización o desmonopolización

Todos sabemos que los servicios públicos pueden ser prestados por particulares. El Estado puede brindarlos pero no está obligado a hacerlo, y tiene la potestad de delegar la explotación del negocio en empresas privadas a las que cobra un determinado canon.

En los primeros años de vida independiente, el Estado uruguayo tenía muy pocos servicios a su cargo; incluso la emisión de moneda estaba en manos de bancos extranjeros. Así fue hasta el sacudón batllista de principios del siglo pasado: la electricidad, los teléfonos, los transportes, el agua corriente, el gas, eran todos servicios brindados por compañías privadas, extranjeras en su mayoría. Batlle y Ordóñez impulsó un proceso de estatización que solo se detuvo a mediados de los años cincuenta y que permitió que el Estado uruguayo asumiera responsabilidad directa incluso en algunas áreas de actividad industrial y comercial que no era común que estuvieran en la órbita estatal.

Quienes abogan por la reducción del Estado proponen lisa y llanamente que este se desprenda de sus empresas para dejar el mercado libre a la actividad privada, única capaz –sostienen– de imponer la eficiencia que aparentemente la burocracia estatal no está en condiciones de brindar. Arguyen que la libertad de empresa es el motor del crecimiento, de la generación de empleo y de la felicidad colectiva, pues el afán de lucro es la llave maestra que mágicamente abrirá las puertas del desarrollo.

Como advierten que esta propuesta no despierta demasiadas simpatías –aún está fresco el recuerdo del plebiscito del 92–, apuntan sus baterías hacia la desmonopolización, es decir a permitir que aparezcan empresas privadas que compitan con las públicas en todas las áreas.

Y así llegamos al quid de la cosa. Competencia es la otra palabra mágica. En la medida en que se permita la libre competencia de varias empresas en determinada área económica –proclaman– se propende a beneficiar al cliente, al usuario, que podrá optar en función del precio y la calidad del producto o del servicio. El usuario premiará a la empresa más eficiente y castigará a la que no lo es; el mercado –gran y único regulador– fallará decretando la inviabilidad (y el consiguiente cierre) de los que quedan por el camino. Fácil es advertir que de ahí a la configuración de un nuevo monopolio no hay más que un paso.

Cabe preguntarse, entonces, qué garantías hay de que al desregular el mercado y quitar el monopolio a las empresas estatales (como UTE en la generación y venta de energía eléctrica o Antel en telefonía o Ancap en refinación y distribución de combustible), no estemos condenando a esas empresas a su desaparición.

Se habilita el ingreso al mercado de transnacionales poderosas que pueden perfectamente bien ofrecer tarifas por debajo de sus costos como forma de captar cada vez más clientes, apropiarse definitivamente del mercado y obligar al cierre de la empresa pública, con lo cual se instaura, de hecho, un nuevo monopolio, esta vez privado.

Y todos sabemos –los neoliberales y quienes defendemos el patrimonio de los orientales– que una vez que una empresa privada tiene el monopolio en cierto sector de actividad, es imposible pretender que el motor del afán de lucro deje de funcionar. Y entonces, más que generar bienestar social, se adueñará del mercado, actuará a su arbitrio y no mirará sino por su exclusivo interés.