La Justicia intervendrá por convenios del Iname

Mariana Rabinovich – San José

En el marco de una investigación por irregularidades en el manejo de fondos y de recuresos humanos, en las próximas horas parte de la directiva de la cuestionada Asociación Civil Paidia (Protección Alternativa Integral de Infancia y Adolescencia), intentaría transferir hacia otras asociaciones los tres convenios que la misma engloba que son los proyectos «Cecale», «Sendero» y Caif «Sol y Luna». El objetivo de esta maniobra, según alertaron varios funcionarios de la propia Paidia, sería evitar que continúen adelante las investigaciones que pueden comprometer a altos directivos del Iname de San José.

Las declaraciones recibidas por la Comisión Especial de la Junta Departamental maragata señalan directamente y en primer lugar, al jefe departamental de Iname, Joaquín De Almeida, como responsable de «intromisión permanente» en los asuntos de la Asociación Civil.

En la edición de LA REPUBLICA del jueves 10 se detallaba que De Almeida era acusado de nombrar los funcionarios destinados a cada centro, asignar sus salarios, colocar a personas de su confianza y ajenas a la Asociación en la tarea de llevar los libros contables y de actas de la misma, evitar a la vez que los directivos de Paidia –incluyendo al propio tesorero–, tuvieran esos datos en su poder; y manejar los fondos y las acciones de la Asociación Civil en general. Como consecuencia de las acusaciones y entendiendo que había mérito para proceder, la Comisión Especial de la Junta decidió recomendar al legislativo elevar los datos obtenidos a la Justicia –acción que ya se concretó–, y al Directorio de Iname.

Por otra parte, funcionarios y parte de la propia Comisión Fiscal de la Asociación dirigieron dos notas al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), denunciando también las irregularidades y reclamando la intervención del Ministerio como órgano regulador de estas asociaciones. De Almeida, consultado por LA REPUBLICA, rechazó de plano las acusaciones mencionadas y ofreció brindar a este matutino los documentos que probarían que «en ninguno de estos casos hay una intervención directa de la Jefatura departamental y menos del jefe departamental del Iname». A la vez, no desestimó la hipótesis de que el enmarañado tema obedezca a intereses políticos.

Como consecuencia del desmentido público que el jerarca efectuó entonces, diversas fuentes aportaron nueva información con la intención de demostrar que el jefe departamental «miente» y sí habría «presionado y digitado los puestos en Paidia». «Ã‰l puede explicar fácilmente cómo funciona una Asociación Civil, pero lo que no va a poder explicar son las irregularidades con la documentación que nosotros presentamos en la Junta», expresó uno de los testimonios centrales por los que la Comisión Especial decidió pasar el tema a la Justicia. La misma fuente señaló que Paidia (inaugurada en 1998), ha tenido hasta la fecha «nueve presidentes, cuando lo lógico serían uno por año. «Tiene que saberse que la primera elección fue digitada, porque quienes formamos parte de esa Asociación Civil (hoy socios fundadores), fuimos invitados por el jefe departamental, Joaquín De Almeida, a una reunión realizada en dependencias de la Intendencia Municipal de San José», puntualizaron.

Por otra parte, también fue denunciado ante la Junta Departamental que «quien manejaba la parte administrativa (pago y elaboración de cheques), fue en una primera instancia la propia hija del jefe departamental del Iname y tras renunciar fue sustituida por la nuera de este jerarca. Por otra parte «en el proyecto Cecale hay una hija, una prima y una sobrina de Marianela Diana (directora de Pronasica) y en el proyecto Sendero trabaja la hija de la directora del proyecto Sendero». Otras irregularidades denunciadas tienen que ver con el centro La Placita donde por concepto de alquiler y otros gastos se pagan a un particular más de $ 15 mil, pero «debe saberse que ningún integrante de la Asociación pudo ver nunca el contrato de alquiler, se firmaba el cheque contra un recibo comercial común», según se denunció.

La Junta Departamental también analizó las circunstancias en las que falleció el niño Izquierdo Píriz (menor de un año) que según las fuentes perdió la vida por «por omisión de atención» de un centro contratado del Iname y del propio Iname. El niño murió «por un error burocrático» que impidió que fuera atendido a tiempo, dijeron las fuentes. Los padres de este menor fallecido lo maltrataban, lo ataban y lo dejaban desnudo al frío, habían denunciado los vecinos. Dos de las personas llamadas a declarar a la comisión investigadora de la Junta, que sesionó en régimen de secreto, denunciaron ante LA REPUBLICA haber sido amenazadas, en forma anónima o «indirecta», para evitar que divulguen información.