Bajo la lupa

Mariana Rabinovich – San José

El diario local Primera Hora, en su edición del lunes 8, consignaba que según «los datos que se conocieron extraoficialmente del informe de la comisión investigadora de la Junta Departamental, se vincula directamente a dos funcionarios públicos con los hechos denunciados». Documentación en poder de LA REPUBLICA corrobora esta versión, mientras que de la información recabada en base a diversos testimonios, se infiere que en el funcionamiento de Paidia existen situaciones que configurarían graves irregularidades.

Los aspectos centrales de las denuncias recaen sobre la posible intromisión indebida del jefe departamental del Iname de San José, maestro Joaquín De Almeida, en las competencias de la Asociación Civil Paidia. Concretamente, se maneja que De Almeida habría intervenido en el nombramiento de funcionarios de dicha Asociación, en la determinación de sus salarios y en el manejo de los fondos de Paidia. Por otra parte, las acusaciones señalan que la directora del centro Cecale, Marianela Diana, sería responsable de retener una parte de las becas destinadas a los jóvenes que concurren a dicho centro y de destinar materiales y víveres pertenecientes a Cecale a Pronasica (otro proyecto de Iname).

 

Niega acusaciones

Sobre las denuncias en relación a la posible injerencia de De Almeida en el funcionamiento de la Asociación Civil, el jerarca expresó a LA REPUBLICA que «en ninguno de estos casos hay una intervención directa de la Jefatura Departamental y menos del jefe departamental. O sea, en todos los casos es responsabilidad exclusiva de la Comisión directiva de la Asociación Civil». En el caso concreto de Paidia «me consta que todas las designaciones han sido hechas por cada una de las comisiones directivas que se han sucedido en el tiempo». En este sentido, el jefe departamental del Iname ofreció brindar a LA REPUBLICA la documentación que comprobaría sus afirmaciones, y agregó que ese material «ya fue solicitado al BPS y está firmado por los representantes legales de la Asociación Civil, lo que comprueba que la persona jurídica inscripta como persona en el BPS, su presidente y secretario, son los que firman el alta y la baja de cada uno de los funcionarios. Lo que sí no tengo en mi poder son los libros de actas de la Asociación Civil» que tiene la unidad de auditoría del Iname.

En esas actas –dijo De Almeida– constan los movimientos y decisiones de incorporación del personal, aunque «no puedo corroborar que fuera la totalidad porque no fue una etapa que nosotros controláramos. No lo hacemos habitualmente con ninguna asociación», acotó.

Sobre la posibilidad de que las denuncias efectuadas contra su persona y el duro enjuiciamiento a su labor profesional obedezcan en parte a móviles políticos, respondió que no encuentra «una explicación lógica a todo eso. Yo creería que en estos momentos hay muchos cruces de situaciones, entre ellas el esquema político, sí».

Con respecto al manejo de dinero y el sistema de becas laborales respondió que de acuerdo a la actividad realizada por el chico se elabora una planilla diaria donde se especifica la tarea, las asistencias y las faltas codificadas de acuerdo a la causal (enfermedad, licencia, con aviso, etc.). En virtud de ello se establece el pago al centro contratado.

Un sistema similar se utiliza para los beneficios extra, como presentismo, disposición al trabajo y puntualidad.

Eso tiene una serie de cuatro primas que se agregan en los casos que puedan corresponder y es lo que hace la diferencia del monto de la beca de un mes a otro. «Así, cuando viene la liquidación que hace el nivel central del Iname, la unidad de pago entrega el cheque, sólo por la cifra por la que fue liquidado». De Almeida aseguró que la aplicación de este sistema se mantiene desde que se iniciaron las becas en San José, hace más de seis años, y que en ningún momento se transgredió. Sobre la acusación que recae en la señora Marianela Diana, acerca de la posible retención del dinero de las becas, el jerarca aclaró que el sistema de becas lo maneja un equipo de funcionarios, cuyos nombres prefirió no manejar por razones éticas. Inclusive Diana, dijo, es la que menos maneja dinero porque tiene que delegar en sus compañeros la realización operativa tanto del planillado como del pago y demás, acotó De Almeida.

LA REPUBLICA en su edición del viernes 29 de diciembre, informó sobre serias acusaciones dirigidas contra 4 de los 25 proyectos que sustenta el Iname en este departamento. En uno de ellos incluso se dio paso a la Justicia Penal y el Iname rescindió el convenio. En los otros tres centros afectados –Cecale, Sol y Luna, y Sendero reunidos en la Asociación Civil Paidia–, las denuncias apuntaban a turbios manejos administrativos de los fondos que el Iname destina para sustentar su funcionamiento.

En estos casos se sospechaba además de los procedimientos utilizados para designar a los funcionarios rentados de los centros y se señalaba la posible transferencia de fondos desde un proyecto a otro. La presidenta renunciante de la Asociación Civil Paidia, responsabilizaba particularmente al jefe departamental de Iname, Joaquín De Almeida, de estas situaciones.

De Almeida negó entonces también tales acusaciones, puntualizando que, en general, «el personal se elige mediante un llamado público y el estudio de las carpetas de méritos es realizado por la propia comisión» que administra los centros.

Así mismo aseguró que «toda la partida de dinero es, en forma integral, para la atención de los chicos de cada proyecto» y finalmente consideró que los conflictos en Paidia son «un problema entre adultos», que protagonizan los miembros de las comisiones fiscal y directiva.

Actualmente, el Instituto Nacional del Menor se encuentra realizando una auditoría a todos los centros de atención de menores, tanto públicos como privados del departamento de San José, debido a las denuncias mencionadas que fueron presentadas ante el presidente de la Institución, Julio César Saettone.