Impotencia

Qué difícil resulta encontrar las adecuadas palabras que exterioricen esa importancia que presentamos, en un altísimo porcentaje, aquellos que trabajamos en la causa de la discapacidad, ante ciertos acontecimientos que impiden la real integración de las personas que presentan discapacitados en su Comunidad. Por un lado encontramos la gran cantidad de carencias reales existentes (provisión de ayudas técnicas, transporte público, aplicación del ingreso para cubrir el 4% de vacantes en la administración pública, incentivos para las empresas que posibiliten el ingreso de personas con discapacidad, eliminación de todo tipo de barreras, arquitectónicas, etc., etc., etc.) Por otro lado, existe un amparo legal que prevé la solución de todo lo señalado precedentemente y que se establece claramente en la Ley Nº 16.095 entre otras, que solamente está creando una total falsa expectativa, resultando en los hechos, una enunciación de soluciones que en la práctica no han sido resueltas.

¡Qué impotencia! resulta al constatar que los apoyos económicos (que no significan grandes erogaciones), para poder dar cumplimiento a solucionar en parte esa Ley Nº 16.095 (inoperante por no haber sido respaldada con los recursos para su cumplimiento), no son sugeridos al Poder Legislativo, y los que se disponían son reducidos por congelamiento de su valor dólar, y por el plazo de otorgamiento.

¡Qué impotencia! resulta el observar que siempre debemos correr de atrás, estar atentos a zancadillas administrativas que luego se transforman en leyes, o resoluciones que para modificarlas exigen el recorrido de un lento procedimiento, de enorme desgaste y perjudicando con ello, que es lo más importante, a personas que a pesar de su discapacidad solicitan una equiparación para poder salir adelante, ser útiles y productivas, en su país.

¡Qué impotencia! que nos produce el tener que quitar permanentemente las piedras o escollos que se ponen a nuestro camino, cuando el mismo tendría que resultar limpio y accesible, teniendo en cuenta lo expresado en Nuestra Carta Magna, donde todos los habitantes somos iguales, pero cuando no lo son, el Estado les debe brindar las herramientas adecuadas para equiparar esas desventajas.

Estamos cansados de oír lo que pierde el Estado al exonerar o al apoyar una actividad para esa causa. Lo que nunca oímos, es la enorme ganancia que recibe el país, por los aportes honorarios de Recursos Humanos y el resultado positivo que el mismo genera, en el rescate de la capacidad residual de todas aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad en beneficio de todo un país. Qué bueno sería generar en 2001 un trabajo mancomunado entre los representantes de los tres poderes del Estado y representantes de las personas que con discapacidad, entre otros, y que del mismo surja una política de Estado firme y real sobre las personas con discapacidad, entre otros, y su integración.