Médica huelguista está sumariada

La doctora Adriana Amado Ricco comenzó la medida en solitario el viernes pasado a las 4 de la madrugada, al entender que debido, según la propia implicada, a que se trata de un servicio esencial y que no puede paralizarse la asistencia por parte de todos los funcionarios». La protesta la realiza en la entrada del INDO donde instaló una carpa.

La médica, que se desempeña como jefa de policlínica, manifestó que percibe mensualmente $2.943 y su salario básico asciende a $1.217. También denunció la falta de materiales que padece el Instituto. Las autoridades ministeriales, que sumariaron a Amado Ricco, entienden que «atrás de la solitaria huelguista, se encuentra el caso del ex director del INDO, Eduardo Lasalvia, y la médica con su actitud, podría querer demostrar la ineficiencia del Instituto en la actualidad». Tras varios cuestionamientos a su gestión y la presentación de denuncia judicial, Lasalvia fue procesado sin prisión y quedó a ser inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.

Historia. El tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er. Turno, sostuvo que las pruebas reunidas por el juez Walter Carmona son «inequívocas», en el sentido de que Eduardo Lasalvia tuvo «injerencia» en un negocio entre una empresa privada que integraba y el Instituto de Oncología del que era director. En una sentencia de febrero pasado, el mecionado tribunal confirmó el procesamiento del jerarca y dirigente colorado por el delito de conjunción del interés público y del privado.

La sociedad privada Bio Health fue creada por Lasalvia y su esposa (también jerarca del MSP) en setiembre de 1994, adoptando como sede Estados Unidos en un apartamento de propiedad (presuntamente) del propio matrimonio. De acuerdo al fallo de segunda instancia la idea era llegar al Uruguay y allí constituir su sede principal, «tal como Lasalvia se lo explicó al doctor Haperin en nota del 12 de enero de 1995. De allí en adelante, la empresa Bio Health, por intermedio de la sociedad representante en Uruguay, Renson SA, dirigida por el cuñado de Lasalvia, Aldo Gioia y con sede en un apartamento propiedad de la esposa del doctor Lasalvia, pretendió vender servicios a todo el sistema público y privado», añade la sentencia.

El ilícito fue cometido por el ex jerarca en 1995 y en ese entonces la pena prevista era el pago de una multa. En caso de ser condenado, debería pagar una cifra de hasta 500 UR, alrededor de U$S 10 mil. Además, el delito impone una inhabilitación de dos a seis años para ocupar cargos públicos.