Hay explosivos de alto poder en aeropuerto Laguna del Sauce

Maldonado

Este material explosivo está contenido en las bombas allí depositadas, que no tienen colocada la espoleta de explosión. Aunque las fuentes afirmaron que esa carga explosiva está muy deteriorada, «las bombas están exudadas y eso las convierte en un riesgo mayor aun, ya que podrían explosionar por simpatía».

Según explicaron los técnicos consultados por LA REPUBLICA, el término exudado, en este caso concreto, debe interpretarse como un proceso de «transpirado» o «licuado». Cualquier agente externo, como ser eventuales movientos o sonidos, puede inestabilizar los explosivos, que son materiales muy sensibles.

Las fuentes, cuyas identidades obviamente mantenemos en absoluta reserva, explicaron que «el predio está cercado y custodiado por un efectivo de la Armada, pero nadie ingresa a mover las bombas ya que nuestro país no cuenta con la tecnología adecuada para su traslado a distancia. Para ello serían necesarios robots que muy pocos países tienen».

Los oficiales reconocieron que esas bombas se encuentran allí hace mucho tiempo «y nada ha ocurrido. Pero precisamente el tiempo es lo que agrava la situación, porque el explosivo se pone cada vez más inestable».

Los informantes entregaron a LA REPUBLICA, fotografías aéreas que muestran claramente la ubicación de este polvorín, lo que constituye una situación inquietante para toda la zona.

La operativa de la terminal aérea está privatizada, funcionando bajo un régimen de concesión. Como informó nuestro diario, el Consorcio Aeropuertos Internacionales Sociedad Anónima (Caisa), reclamó recientemente al Poder Ejecutivo, una extensión de los plazos de la concesión, por un presunto incumplimiento del gobierno en el cierre de El Jagüel.

El artículo 28 del pliego de condiciones del llamado a licitación realizado durante el gobierno nacionalista encabezado por Luis Alberto Lacalle, preveía el cierre del pequeño aeropuerto deportivo ubicado en el viejo camino al Placer, ya que el artículo 27 del contrato estableció que el único aeropuerto internacional sería el de Laguna del Sauce.

Los principales responsables del grupo Caisa son: el grupo Peirano (dueños de Cot, Aliscafos Belt, Banco Montevideo, Cambio Indumex, – grupo Velox, Cambio Guaraní, el diario El Observador, supermercados Disco y Geant), Paxport Management Inc., la constructora Sebastián Maronese e Hijos S.A., London Suply S.A.C.I.F.I. (Free Shop) y Norlit S.A, representada por Isaac Soludocho.

El plazo de la concesión es por 20 años a partir del 26 de octubre de 1993, pero ahora la empresa pretende que sea extendido. El consorcio logró el monopolio operativo de la terminal área y por estos días, se han apurado los trámites para que el pequeño aeropuerto de El Jagüel deje de funcionar como una estación internacional, lo que es inminente.

Dos altos oficiales de la Fuerza Aérea, uno en actividad y otro en retiro, aceptaron hablar con LA REPUBLICA a condición de preservar su identidad. Coincidieron en expresar «el malestar» existente dentro del arma por los incumplimientos verificados al contrato de concesión. «El Caisa estaba obligado a instalar determinado equipamiento de seguridad que a dos años de inaugurado todavía no están».

Las fuentes hacen referencia a la carencia de equipamiento de alta tecnología como el VOR y el ILS, que marcan rutas de aterrizaje y prestan ayuda en condiciones meteorológicas desfavorables.

Los oficiales de la Fuerza Aérea también mostraron su asombro porque «el Consorcio incumple en Uruguay, pero ahora logró hacerse de otro aeropuerto en el Sur argentino», aludiendo a la reciente inauguración de «El Calafate», ubicado en la zona del glaciar Perito Moreno, ubicado en la Provincia de Santa Cruz. Tanto el ministro de Turismo, Alfonso Varela, como el intendente de Maldonado, Enrique Antía, concurrieron a la inauguración de ese aeropuerto, expresando todo su apoyo al emprendimiento empresarial.

Además, sólo por concepto de IVA el Estado pierde de recaudar algo más de U$S 500.000, a lo que se debe agregar aproximadamente un millón de dólares por Impuesto al Patrimonio, ya que el artículo 31 del contrato de adjudicación exoneró a la empresa de tales aportes.