Mayoría de las obras continúan sin ser supervisadas por arquitectos

El «Arquitecto de la Comunidad» es el nuevo proyecto en que los arquitectos uruguayos se han embarcado, respondiendo a la necesidad de acercar la profesión al público, y para revertir la situación de «no consulta» que sufre hoy la actividad. «La gente debe entender que consultar a un profesional es, en realidad, un ahorro. Así se evitan muchos problemas posteriores que en definitiva originan mayores gastos», asegura Nicolás Roquero, presidente de la gremial de profesionales maragatos. Esta propuesta «recoge experiencias y modalidades de trabajo de países como Chile, Cuba, Ecuador, EEUU e Inglaterra». Apunta fundamentalmente a brindar asesoramiento profesional –de forma económicamente accesible–, sobre proyectos de construcción, reforma, reciclaje o ampliaciones; diseño de interiores o exteriores; anteproyectos de instalación sanitaria y eléctrica. «El tique para realizar una consulta de esta índole será de $ 300″.

Vínculos públicos

Sobre el objetivo del Congreso de Arquitectos realizado hace dos semanas en Mercedes, Roquero explicó que «se trataba de analizar los diversos temas laborales que hacen a la profesión; pero el más candente es la relación con los organismos públicos, en especial con las intendencias y con el Ministerio de Vivienda».

La temática central se enmarcó en lo que constituye «un nuevo encare de la sociedad de arquitectos a partir de las gremiales del Interior». En nuestro país existen unos 2.800 arquitectos recibidos, pero un 10% de ellos no está afiliando a la SAU (Sociedad de Arquitectos del Uruguay). De los asociados, en Montevideo viven y trabajan aproximadamente 2.000 profesionales. En el resto del país, unos 450.

Roquero también manifestó que aunque «las dificultades en general son las mismas para Montevideo y el Interior», en su opinión para los profesionales de la capital «la inserción en el medio es más difícil de lograr, porque si bien es cierto que los trabajos pueden ser de mayor volumen en Montevideo, también es cierto que hay mayor cantidad de arquitectos».

Para los profesionales del interior del país, en cambio, actualmente un tema fundamental desde el punto de vista laboral lo constituyen las relaciones que se logren con las intendencias departamentales. En ese sentido, Roquero indicó que «San José está bastante atrasado porque carece de una reglamentación que legisle adecuadamente el manejo territorial departamental y la implantación urbana de un montón de proyectos». Tanto cuando se crean nuevos conjuntos de viviendas, como cuando se implementan proyectos industriales, «se carece de la necesaria reglamentación y eso afecta directamente el desarrollo de las ciudades; no sólo en el plano estético, sino también por ejemplo en la trama circulatoria. Cuando se hacen obras grandes, se complica el tránsito, la afluencia de personas, el estacionamiento, y nada se prevé en la reglamentación actual.

En algunos departamentos del país «se ha trabajado creando las ordenanzas». A modo de ejemplo, «en Durazno los arquitectos están trabajando mano a mano con el intendente, pensando los pro y los contras, en qué afecta y en qué no cada una de las iniciativas». También en Colonia se está concretando un trabajo conjunto, y San José se encuentra en vías de lograrlo.

Una encuesta de la empresa Cifra, realizada hace dos años, determinó que en el 90% de las obras no contaron con el asesoramiento de arquitectos, situación ésta que se mantiene, dijo Roquero.

Viviendas sociales

El arquitecto se refirió por otra parte a otro ítem gravitante y actual, directamente vinculado al desempeño de la profesión como lo es la situación de las viviendas de interés social. «Están pensadas y se hacen para las ramas más bajas de la sociedad en materia económica, las más pobres. Se saca un permiso de construcción por el que no se cobran impuestos, y eso exonera del aporte al BPS si se cumplen determinadas condiciones».

«Pero sucede que después que se saca ese plano de vivienda económica, la Intendencia no lo controla; entonces resulta que ya dejan de ser viviendas económicas y la cosa se comienza a manejar mal. Pero eso es porque el municipio no tiene un cuerpo inspectivo técnico, los inspectores no son arquitectos. Hay una distorsión del manejo del tema de la vivienda de interés social, y a su vez la Intendencia pierde de recaudar. En la Junta nosotros planteamos la modificación a esa ordenanza, y estamos ahora por ir a la Comisión de Obras para tratar esto», concluyó Roquero.

Al conmemorarse hoy el Día Nacional del Arquitecto, los profesionales de San José inaugurarán su sede.