Constatan irregularidades en cuentas del Banco de Organos

El Tribunal de Cuentas constató ayer «diversas irregularidades en el manejo de los fondos públicos imputadas a la ex directora del Banco Nacional de Organos y Tejidos (BNOT), Betty Bono y al administrador del organismo, Heber Scarone». Además, confirmó la existencia de «violaciones a normas del Tocaf, carencias en operaciones con el Banco Montevideo, y vulneraciones a normas en materia de contratación».

Luego de la investigación administrativa que remitieron las nuevas autoridades del organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP) al Tribunal de Cuentas, éste aprobó por unanimidad de ministros presentes en la sesión ordinaria de ayer, el proyecto de resolución en el que se determina que el «MSP debe sopesar el perjuicio económico que haya sufrido por las acciones constatadas, y en tal caso tendría que iniciar las correspondientes acciones a civiles», aseguró a LA REPUBLICA una fuente del Tribunal de Cuentas.

«En base a una serie de considerandos, el Tribunal emitió su opinión al constatar en el banco de órganos una serie de irregularidades, existen faltas administrativas porque hubo un manejo de fondos de forma irregular. Por tanto, ahora es el propio Ministerio de Salud Pública el que debe evaluar el perjuicio económico que haya sufrido», destacó el informante.

Además de las diversas irregularidades y faltas administrativas, el órgano de contralor comprobó la existencia de una serie de carencias.

Por ejemplo, «contratos que vulneran normas específicas que están precisamente establecidas en el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) y que tampoco estaban autorizadas por los ordenadores de gastos del BNOT».

Según el informante existió en el seno del BNOT «una vulneración de normas específicas en materia de contrataciones».

El informante aseguró que también se constataron irregularidades relativas a «operaciones financieras con el Banco de Montevideo, ya que no se cumplió con los procedimientos y normas de carácter interno»; y otras relativas a fondos manejados en forma irregular, tanto en el pago de las cuotas al banco de Montevideo, como en el pago del precio de los contratos», lo cual hace que sea considerado por el órgano de contralor como «una falta administrativa que se imputa tanto a la Dra. Bono, como al Dr. Scarone». Si bien el dictamen del Tribunal de Cuentas culmina con las apreciaciones efectuadas, también expresa que es el propio MSP el que «a partir de este momento debe sopesar el perjuicio económico que sufrió el Estado por todas las irregularidades constadas por ambos profesionales e iniciar las acciones correspondientes para resarcirse del perjuicio», puntualizó.

Bono se apartó de la dirección del banco de órganos en octubre de 1999, mientras que en abril pasado denunció que el Estado mantenía una deuda de aproximadamente un millón de dólares con el organismo en el cual se desempeñaba como directora.

Poco tiempo después, el propio ministro de Salud Pública, Horacio Fernández Ameglio, anunciaba que se había iniciado una investigación administrativa a la entonces directora del banco de órganos.