Periferiantes se movilizan en rechazo al monotributo

El Movimiento Independiente de Periferiantes (MIP) comenzará esta semana un nuevo plan de movilizaciones y concentraciones en diferentes puntos de Montevideo, en rechazo al proyecto de monotributo y a la denominada «Ley Atchugarry». Los periferiantes consideran que, de aplicarse ambas medidas, cuarenta mil familias que dependen de esta actividad serán perjudicadas. Paralelamente, el martes está previsto una reunión del Plenario Intersocial de Vendedores Callejeros Unidos (Pivcu) para coordinar las medidas.

Los vendedores callejeros se movilizarán contra dichas normas, habiendo programado concentraciones para manifestar su malestar con la denominada ley de monotributo y la «Ley Atchugarry». A juicio de los voceros, las medidas tienen como objetivo el «exterminio» del sector y no la recaudación.

Los trabajadores negaron que las venta periférica lesione los intereses del comercio establecido, como se expresara por parte del Poder Ejecutivo, al tiempo que responsabilizaron directamente a los «monopolios hipermercadistas que atropellan la pequeña plaza comercial e industrial del país, con la complicidad de los organismos competentes en el contralor de mercaderías importadas a gran escala. Ahí encontrarán los verdaderos verdugos».

Entre los artículos más resistidos del proyecto se encuentra el 348, que expresa que los titulares de empresas unipersonales de reducida dimensión económica que desarrollen actividad comercial en la vía pública y en espacios públicos, tanto ambulantes como estables, «podrán optar por pagar en sustitución de las contribuciones especiales de seguridad social generadas por su propia actividad, y de todos los impuestos nacionales vigentes, excluidos los que gravan la importación, un único tributo».

En referencia a la obligación tributaria, el artículo 350 señala que dicho monto se calculará en base a un sueldo ficto equivalente a un salario mínimo nacional (1.060 pesos), lo que equilvadría a un 29% –27% en concepto de aportes patronales y un 2% de retribuciones personales–, aproximadamente 300 pesos, cuya recaudación será realizada por el Banco de Previsión Social.

Eduardo Solari, integrante del MIP, dijo a LA REPUBLICA que la venta callejera representa la «única salida laboral» para cientos de desocupados que se ven imposilitados de acceder a un empleo estable.

También afirmó que la iniciativa afectaría, principalmente, a jubilados y pensionistas, que integran el sector de periferiantes. «Con esta ley deberán optar entre una de las dos cosas».