Crónica de un drama anunciado

El Grupo económico integrado por las empresas Milton y Toryal en Uruguay y la tienda Der Lederspezialist en Alemania, junto a la desprolijidad de gestión de varios organismos estatales, son los responsables de la delicada situación por la que atraviesan actualmente los ex trabajadores.

La firma perteneció hasta el ano 1984 a Hugo Pouquet y en ese entonces únicamente giraba en el rubro de la confección de prendas de cuero. Ese ano, la empresa fue adquirida por un grupo inversionista alemán, que asignó la responsabilidad de la dirección en nuestro país a Berthold Christ.

La fábrica fue trasladada en 1985 a la calle José María Guerra, frente al Hipódromo de Maronas, siendo declarada de interés nacional por el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.

Poco después, el grupo compró la firma Toryal SA, ubicada en el departamento de San José, a la altura del km 34 de la Ruta 1.

La primera inspección ordenada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue realizada en setiembre de 1996, constatándose que allí trabajaban 221 operarios (la mayoría mujeres) y se producían unas 3.000 prendas anuales.

Los trabajadores de la empresa quedaron sin representación gremial, luego que –entre 1988 y 1993– se registraron varios conflictos por despidos de los dirigentes sindicales.

A partir de 1995, con el crecimiento de la era ecológica en Europa y particularmente en Alemania, la firma compradora de las finas prendas de cuero reclamó por un producto final más ecológico. Ello exigió la sustitución de las sales de plomo usadas en el curtido de los cueros.

Desde ese momento, el proceso industrial incluyó un compuesto comercialmente denominado «Bleach» de procedencia estadounidense, importado en Uruguay en esa época por Armando Bachmann SA. Esta importadora, al ser consultada por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social manifestó no conocer la composición química del producto.

En agosto de 1996, luego de que varios trabajadores fueran asistidos en el sanatorio del Banco de Seguros, la institución llevó adelante una serie de estudios ambientales en la firma, para detectar los contaminantes presentes en el proceso de curtido.

La firma, por su parte, contrató un estudio en mayo del mismo ano (tres meses antes que el MTSS), que estuvo a cargo de un especialista, quien constató la presencia de agentes sensibilizantes: el Bleach, el formol-urea, el formol y el ácido fórmico.

El informe del BSE no encontró valores peligrosos en los contaminantes senalados, que se ubican, según el documento, por debajo del TLV (valor límite de tolerancia).

Se puede concluir –expresa el informe– que el contaminante valorado no presenta riesgos para la salud de quienes se encuentran expuestos durante ocho horas diarias.

Sin embargo, el diagnóstico presentado a la empresa por el médico especialista, que la firma mantuvo en secreto, sugiere entre otras cosas, evitar el contacto con las sustancias sensibilizantes; suprimir el uso del Bleach, abatir las concentraciones de formaldehído en el cuero a los niveles más bajos que sea posible e incluso hasta suprimirlo. También recomienda evitar la formación del compuesto formol-urea en el proceso de tratamieno del cuero.

Además, el mismo informe sugiere tomar medidas de precaución en las fases de la fabricación, para evitar que los operarios inhalen partículas o el contacto prolongado del cuero con la piel. Los ventiladores existentes en el espacio de trabajo hacen recircular todas las partículas y facilitan su inhalación.

Este documento fue sólo conocido por la empresa. Los trabajadores denunciaron que, previamente a cada inspección o estudio, se abrían todas las aberturas del local para ventilar el ambiente.

Contrario al informe favorable para la empresa presentado por el Banco de Seguros, la Inspección General de Trabajo ordenó la clausura de la fábrica, luego de su inspección del 12 de setiembre de 1996, al encontrar 21 infracciones. Entre ellas, se destaca la necesidad de adecuar en las mesas de la sección corte y clasificado sistemas de extracción localizada de polvos y vapores. Una observación especialmente relevante es la presencia de un nuevo contaminante no estudiado anteriormente y que causa parálisis de miembros. Dice la infracción No 14: «No se deberá limpiar las superficies de las mesas de trabajo con solventes diluyentes «Cadhepren».

La inspección del MTSS clausuró las actividades de la empresa el 12 de setiembre. de 1996. El 16 del mismo mes, la fábrica reabrió sus puertas como si no hubiera pasado nada, con la autorización de la secretaría de Estado.

Los problemas, lógicamente, continuaron. Un informe sindical del 23 de setiembre de 1998, dio cuenta de que había 90 trabajadores afectados (casi la mitad del total). De ellos, 21 solicitaron renta al BSE, la que fue otorgada a 19.

Esta información fue incluida en el documento sobre «Trabajo y salud hacia el tercer milenio» de la comisión de salud laboral del PIT-CNT.

La empresa Milton cerró en enero de este ano, trasladándose a San José, donde opera Toryal. Según la comisión del PIT-CNT, se conocen datos de que se está instalando en Filipinas.

Mientras tanto, Toryal continúa operando, condicionando a sus trabajadores que para mantener sus puestos de trabajo, «eviten» sindicalizarse.

El informe culmina diciendo que «el estudio de este caso muestra con singular claridad, más allá de aspectos meramente técnicos (el atentado a la salud de los trabajadores), la incompleta incapacidad del sistema normativo institucional existente y la conducta empresarial, ciegamente orientada por el proceso de valorización, aun a costa de la salud de los trabajadores».