Obreros intoxicados reclaman jubilación anticipada

Los trabajadores, muchos de los cuales fueron entrevistados por LA REPUBLICA por primera vez hace tres años, resultaron afectados por el contacto en exceso con sustancias tóxicas utilizadas en el proceso industrial por las empresas Milton (Fábrica de prendas de cuero) y Toryal (curtido de cueros).

Milton SA fue adquirida por un grupo de inversores alemanes en 1985 y posteriormente declarada de interés nacional por el primer gobierno encabezado por Julio María Sanguinetti luego de la dictadura.

Entre 1988 y 1993 se registraron conflictos laborales por despidos de dirigentes sindicales, quedando el personal, desde ese momento, absolutamente desamparado.

En 1995, la empresa modificó sus procedimientos de trabajo, debido a que los compradores en Alemania exigían un producto final ecológico. Es a partir de este momento en que los trabajadores comienzan a sufrir diversas afecciones cutáneas y respiratorias, que llevaron a más de 100 personas a revisión en el sanatorio del Banco de Seguros.

Los primeros casos de intoxicación, que en principio fueron tomados como alergias, aparecieron entre los trabajadores de la máquina rasadora, apenas fue cambiado el procedimiento de curtido. Seguidamente, comenzaron a aparecer en varios trabajadores problemas respiratorios y dermatitis, de acuerdo a lo consignado en un informe elaborado por la comisión de salud laboral del PIT-CNT que fuera enviado a la Organización Internacional del Trabajo.

En el pasado mes de octubre, dos ex trabajadores de Milton fallecieron por distintas causas, mientras otros veinte, con reconocidas incapacidades a consecuencia de su actividad laboral en la empresa, esperan que se les otorgue jubilación permanente por incapacidad.

El Banco de Seguros del Estado reconoció –en todos los casos– distintos grados de incapacidad, lo que permitió a los operarios acceder a un subsidio transitorio por tres años. Ese plazo ya venció en la mayoría de los casos y en otros caducará en 2001.

Se genera ahora un angustiante problema para esta gente, difícil de solucionar, pues las leyes existentes no los amparan.

Pese a no tener derecho a Disse, pues tuvieron que dejar el trabajo para acceder al subsidio transitorio, igualmente se les descontaba el 3% como a cualquier trabajador.

Tanto la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, como el Banco de Seguros y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, manifestaron todo su apoyo a los damnificados, pero la última palabra la tiene el Banco de Previsión Social. El organismo, regiéndose por la normativa vigente, tiene escasas posibilidades de reparar, aunque sea parcialmente, el daño causado a esta gente, cuyas incapacidades ya no retroceden.

La comisión senaturial propuso, dada la gravedad de la situación, que en la primera quincena de diciembre se realice una jornada para tratar temas como las comisiones médicas, los subsidios transitorios y las jubilaciones y pensiones por invalidez.

Ahora, la situación de estos ex trabajadores se torna complicada, pues la Ley 16.713, que les permitió recibir el subsidio transitorio, especifica que para que éste sea definitivo, deben tener una invalidez comprobada superior al 66% o ser mayores de 58 años.

Estas dos condiciones no se cumplen en la mayoría de los casos. Sin embargo, los altos grados de incapacidad no permiten a estos ex operarios reinsertarse en el mercado laboral.

Tras la visita de una delegación de damnificados, la comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado resolvió enviar una nota al BPS, manifestando su preocupación por la situación de estos trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que hay un dictamen de la Facultad de Medicina que acredita su incapacidad para seguir trabajando.

El senador encuentrista Vittorio Casartelli señaló que lo único que se puede hacer es enviar notas al BPS manifestando la preocupación de la comisión por la situación y hacer lo mismo con los otros organismos involucrados, como la IMM, BSE y MTSS. «Hacer otra cosa es más difícil, porque ya está todo legislado respecto a accidentes laborales y enfermedades profesionales», señaló el legislador, según quedó registrado en la versión taquigráfica de la sesión del día 31 de agosto de 2000.

Isabel Corbo, una de las ex funcionarias de Milton SA que tiene una incapacidad superior al 66%, manifestó a LA REPUBLICA su total indignación y desconsuelo, pues el informe de la junta médica del BPS falló en contra de la jubilación definitiva, pese a que tiene constatada una incapacidad del 69%.

El representante en el Directorio del BPS por los empresarios, Roberto Acle, consideró evidente que los obreros afectados no pueden trabajar, pero esta opinión no le alcanza a Isabel Corbo. La ex trabajadora señaló: «Si ellos dicen que no estoy incapacitada, ¿qué hago, me pego un tiro?»

La junta médica del BPS está integrada por dos profesionales del banco y dos en representación de las AFAPs. Sólo el dictamen de esta comisión es válido, independientemente de la opinión de los médicos de cabecera, de las mutualistas, el BSE o cualquier otro diagnóstico.

El BPS resolvió –hasta ahora– otorgarle la jubilación definitiva solamente a Dilka Pereira, quien falleció el pasado 15 de octubre después de estar más de tres meses en cama y dependiendo las 24 horas de oxígeno para mantenerse con vida.

El pasado martes, varias ex obreras de Milton mantuvieron una reunión con inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes pese a mostrar interés en apoyarlas, dijeron verse imposibilitados puesto que al ser ex trabajadoras, ya no están en la órbita de esta secretaría de Estado. De todas formas, se comprometieron a realizar gestiones ante el Banco de Previsión Social.

Una situación similar ocurre en el Banco de Seguros del Estado, institución a la que le correspondió la tarea de certificar los grados de incapacidad. Ahora, sólo les queda el apoyo moral y brindar sus informes al BPS.

Según fuentes de BSE, la última inspección realizada a la planta no mereció reparos, lo que parece avalar los actuales procesos de producción industrial.