Consorcio que incumplió contrato solicita extensión del acuerdo

Maldonado

El artículo 28 del pliego de condiciones del llamado a licitación realizado durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, preveía el cierre del pequeño aeropuerto deportivo ubicado en el viejo camino al Placer, ya que el artículo 27 del referido contrato estableció que el único aeropuerto internacional sería el de la Laguna.

El plazo de la concesión es por 20 años a partir del 26 de octubre de 1993; pero ahora la empresa pretende que el Poder Ejecutivo extienda ese plazo.

El Consorcio logró el monopolio operativo y por estos días se han apurado los trámites para que el pequeño aeropuerto de El Jagüel deje de funcionar como una estación internacional. Por lo pronto, la Intendencia de Maldonado ya anunció su decisión de cortar la pista para continuar el camino Aparicio Saravia hacia La Barra para de esa forma evitar el giro hasta la cabecera de pista que hoy deben dar los vehículos. El tradicional aeropuerto se quedará con una pista de 600 metros sólo útil para pequeños aviones deportivos.

La decisión levantó serios cuestionamientos por parte de quienes usaban esa pista con anterioridad, dado las altas tarifas aplicadas por el Caisa en el aeropuerto de la Laguna.

Según se informó a LA REPUBLICA «un avión que en El Jagüel pagaba 30 dólares por aterrizar, ahora debe pagar 55 dólares para hacerlo en el nuevo aeropuerto».

En los últimos días 170 propietarios, pilotos o rentadores de pequeños aviones (entre los que hay a turbina y a hélice) firmaron una carta dirigida al Presidente de la República, Jorge Batlle, en la que manifiestan «su incomodidad» al respecto del cambio operativo. Los firmantes le «solicitan que estudie y revea esta situación a los efectos de otorgarle nuevamente la categoría de Internacional y subir la limitación de peso a 12.000 kilos a El Jagüel» y aclaran que «jamás tuvieron problemas operativos». Finalmente reclaman «una solución favorable a nuestro planteo, en beneficio de la aviación civil, de los turistas y de Punta del Este». Pero hasta el momento la única respuesta lograda fue el súbito apuro del Poder Ejecutivo, en acuerdo con la Intendencia de Maldonado, para liquidar a El Jagüel.

El periodista Ricardo Garzón, experto en temas aeronáuticos, calificó como «una barbaridad» el cierre de ese aeropuerto.

El colega sostuvo que «Punta del Este es el único lugar del mundo que se da el lujo de cerrar un aeropuerto céntrico que servía a centenares de ejecutivos de primer nivel que llegaban aquí a descansar durante gran parte del año. Ahora los hemos perdido».

Pero Garzón agregó una cuota extra de preocupación. «Como país hemos estafado a los dueños del barrio Beverly Hill, el más caro y exclusivo del balneario. La gente construyó allí casas de valor millonario porque tenían un aeropuerto al lado que ahora, sin aviso, se lo cerraron. Ese barrio está todo en venta», sentenció el editor de la Revista Enfoques, que además es un conocido empresario inmobiliario.

Los incumplimientos

Varias fuentes a las que accedió LA REPUBLICA, entre las que se encuentran empresarios, operadores y oficiales de la Fuerza Aérea, indicaron que «a casi cinco años de operaciones, el Caisa ha incumplido con muchos aspectos de los pliegos».

Entre ellos, las fuentes citaron «la carencia de ILS, un sofisticado equipamiento que sirve para aterrizar con mal tiempo; y de VOR, equipo de ayuda para marcar rutas de aterrizaje. Están usando un VOR que tenía la Armada desde hace unos 20 años. Los artículos 12º y 22º del contrato firmado con el gobierno, los obligaba a dotar al aeropuerto de la totalidad del equipo ofertado como ayudas a la navegación y ayuda de precisión a la aproximación».

En tanto que Garzón dijo que en la próxima edición de la Revista Enfoques, que dirige y edita, «publicará párrafos textuales del informe sobre los incumplimientos del Consorcio que están en conocimiento del Ministerio de Defensa».

Uno de esos incumplimientos está relacionado a la dotación de Bomberos. «No tienen una dotación adecuada para combatir incendios causados por desastres. Tanto que cuando aterrizan aviones MD 11 (McDonald Douglas) que trasladan más de 300 pasajeros, tienen que traer una autobomba destinada al aeropuerto de Santa Bernardina en Durazno. Ese camión y los funcionarios, que los paga el Estado uruguayo, tiene que recorrer más de 300 kilómetros cada vez que llega uno de esos aviones», dijo Garzón.

Otras fuentes coincidieron al afirmar que «de esa manera se desprotege al aeropuerto internacional de Durazno, un lugar de alternativa a Carrasco y Punta del Este.

Aunque   agregaron   también ocurre con Maldonado y Punta del Este si el Cuartel de Bomberos local debe enviar un autobomba, que el aeropuerto debería tener en exclusividad».

Por su parte, operadores aéreos informaron que «tampoco cuentan con depósitos de combustible, obligando a desplazar grandes camiones tanques, con el peligro consecuente durante la temporada turística, en momentos de gran circulación de vehículos».

Otra irregularidad constatada se relaciona al viejo edificio terminal, que por contrato debía ser demolido y sin embargo es usado como depósito para el free shop de London Suply.

«Cada aterrizaje de un 737 cuesta 13 asientos»

Varias de las fuentes consultadas indicaron que el aeropuerto de Punta del Este «es uno de los más caros de la región. Cada avión 737 que llega desde Buenos Aires, por ejemplo, tiene que pagar por aterrizaje, decolaje y planchada el equivalente al valor del pasaje de 13 asientos, es decir, unos 1.300 dólares».

Durante la baja temporada operan allí entre 35 y 40 aviones de pasajeros cada mes. Pero en invierno, el hotel Conrad financia gran parte del costo operativo de Pluna para hacer posible el traslado de pasajeros desde Argentina o Brasil.

Un propietario de una pequeña aeronave informó que «el concesionario cobra la misma tasa de embarque de vuelos internacionales a las personas que se trasladan a un pequeño aeropuerto dentro del país.

Aunque no les permiten ingresar al free shop ya que se trata de vuelos internos».

Además de un aeropuerto, también perdemos plata

Sólo por concepto de IVA el Estado pierde de recaudar algo más de U$S 500.000, a lo que se debe agregar aproximadamente un millón de dólares por Impuesto al Patrimonio, ya que el artículo 31 del contrato de adjudicación exoneró a la empresa de tales aportes.

Además, el mismo contrato establece que el Estado se hará cargo de los salarios de los siguientes funcionarios: seis controladores aéreos (U$S 1.170 cada uno entre salario locomoción y alimentación) U$S 7.020; tres oficiales de operaciones y comunicaciones U$S 4.010; dos oficiales de Fuerza Aérea (un teniente coronel y un mayor) U$S 2.000; un inspector de Aviación Civil D.G.A.C. (en alta temporada son tres) U$S 4.000; dos observadores meteorológicos (U$S 600 c/u) U$S 1.200; ocho bomberos (oficiales y subalternos) U$S 5.600; seis militares (vigilancia y seguridad interior) U$S 3.000; dos choferes de camiones de combustible U$S 1.400; dos aduaneros (U$S 500 c/u) U$S 1.000; dos migraciones (U$S 500 c/u) U$S 1.000; un inspector M.G.A.P. (barrera sanitaria) U$S 500; una empresa unipersonal servicio oficinas del Estado U$S 500. Los cuatro últimos se triplican en alta temporada.

En total, el Estado paga unos 40.000 dólares mensuales, más los aportes sociales y todos los gastos de mantenimiento de cada oficina: teléfono, combustible, mantenimiento, materiales, uniformes, etc.

En números redondos casi un millón de dólares al año. Además el Estado corre con los gastos de todo el personal de manten
imiento de los equipos de comunicación aérea

El artículo 18 del contrato establece que la empresa debe pagar al Estado el 10% por los siguientes servicios que el aeropuerto debería prestar, pero no lo hace: servicio de carga de combustible; zona franca; hotel o apart hotel. Aunque paga por servicio de catering, hangar; terminal de carga y taller de mantenimiento.

¿Quién hace el negocio entonces? Ricardo Garzón explicó a LA REPUBLICA que «Laguna del Sauce en realidad es un free shop con check in». Y en realidad todo parece indicar que el principal negocio de ese aeropuerto es, precisamente, la tienda que vende artículos importados sin impuestos, más conocida como free shop.

Todo un dato para la más reciente preocupación del Presidente Batlle.