Sentencia por el Polonio

Aprocapo denunció también una maniobra en la parcelación y venta de tierras en un predio declarado monumento nacional de dunas en 1966 y que 10 años más tarde la Unesco lo declaró patrimonio natural y reserva de la biosfera. Este proyecto prevé la privatización de 2 kilómetros de playas.

Preocupa enormemente a la Organización no Gubernamental que en caso de salir favorecido el Estado en la sentencia de amparo, prosiga con sus anunciados planes de demolición de propiedades, sin esperar el plazo de 3 días correspondientes para poder presentar la apelación, debido a los reiterados anuncios del gobierno en esta materia.

Representantes de Aprocapo explicaron a LA REPUBLICA que el artículo 192 de la ley 15.903 del año 1987 se establece la defensa del Estado de la franja costera, y que es en el marco de ésta que se pretenden realizar las demoliciones y dejar en la calle a 60 personas que viven permanentemente en la zona.

En esa misma norma se apoyó la decisión, cinco años atrás, de demoler 100 casas, cuyos escombros, según la ONG, nunca fueron retirados, lo que daña mucho más el medio ambiente que la presencia de viviendas.

Además aclararon que el posible daño que puedan representar al medio ambiente ese grupo de viviendas sería del 3%, mientras que la forestación llevada a cabo en 1987 ocasiona un daño del 90% y genera el riesgo de perder las dunas y de que el mar se vaya «comiendo las playas». «Sin embargo, no hay intenciones de acceder a un pedido de deforestación, reclamado a través de un informe de 1992 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y a partir de 1996, en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Extrañas maniobras

Por otra parte, a través de una exhaustiva investigación, la Asociación se encontró con una maniobra de parcelación y venta de terrenos en el pasado gobierno de Sanguinetti, cuando Luis Brezzo era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En 1966, durante el último año del gobierno colegiado nacionalista, el titular del Consejo de Gobierno, Alberto Heber, y los ministros Wilson Ferreira y Storace firmaron la declaración del Cabo Polonio, el único sistema dunar dinámico del mundo, como monumento nacional de dunas. La Unesco, a su vez, lo declaró patrimonio natural y reserva de la biosfera en resolución del año 1976.

En diciembre del año 1994, en las oficinas de catastro del departamento de Rocha, se inscribe un fraccionamiento que involucra padrones comprendidos dentro del área considerada como monumento nacional de dunas, patrimonio natural y reserva de la biosfera. Para esa fecha, ya estaba pendiente un juicio de expropiación por parte del Estado basado en esos considerandos.

Esos mismos terrenos fueron vendidos el 13 de abril del año siguiente, 1995, por un total de U$S 196.047,30, y está aún pendiente el juicio de expropiación. Esos padrones incluyen 2 kilómetros de playa sobre el Océano Atlántico.

No pasaron dos meses para que esos padrones, aun estando pendientes de ser expropiados, fueran nuevamente vendidos por una cifra casi diez veces mayor. La sociedad anónima Balkar adquirió el 10 de junio del 96 los mismos padrones por U$S 1.878.000.

Cinco años después, el Poder Ejecutivo resolvió a través del decreto-ley 1.942 que el Estado desiste de la expropiación de los padrones 4.324, 47.344, 47.345 y 47.346 ubicados en la 10ª sección catastral del departamento de Rocha.

Con fecha 9 de febrero de 2000, menos de un mes antes de expirar su mandato, firmaron el decreto el presidente Julio Sanguinetti y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Brezzo, actual ministro de Defensa.

A partir de este decreto, los padrones involucrados son puestos a la venta a través de la inmobiliaria Cruz del Sur, fraccionados en 100 parcelas que oscilan entre U$S 800.000 y U$S 1.400.000, multiplicando sustancialmente el valor inicial de compra que había sido inferior a los U$S 200.000. De ellas, 20 parcelas tienen 100 metros sobre la costa del Atlántico y casi 1,5 kilómetros de fondo.

En una carta enviada por Aprocapo a la División Science Écologique de la Unesco, la ONG pide el auxilio y amparo de esta institución dependiente de las Naciones Unidas y que se pongan en contacto con el presidente Jorge Batlle para que el Estado detenga las acciones que puedan significar la destrucción ecológica, ambiental y social del área, y la enajenación de la misma, y le recuerda además al representante de la Unesco que las demolicones anunciadas «significarán un desastre ambiental sobre un patrimonio natural y afecta los derechos de los habitantes del pueblo de Cabo Polonio, violando los pactos de la Conferencia de Rio de Janeiro de 1992 y de los derechos humanos de San José de Costa Rica de 1996.