Informe constata un creciente desequilibrio social en Uruguay

Estos datos están incluidos en un informe sobre la aplicación de los Derechos del niño en Uruguay en el período comprendido entre 1996 y 2000, que será presentado hoy en el marco de un seminario sobre esa temática. El documento elaborado por el sociólogo Leal, para el Comité de los Derechos del Niño, resume las principales conclusiones del informe sobre políticas de infancia de las organizaciones no gubernamentales para Naciones Unidas.

La presentación se realizará hoy en el salón de la Intendencia Municipal de Montevideo a partir de las 8:30 horas y se extenderá durante todo el día.

Embarazo adolescente

Desde 1985, los patrones de fecundidad han cambiado «en forma importante», explica Leal. El trabajo señala que en los últimos 30 años, y particularmente a partir de 1985, se ha producido una fuerte incorporación de las adolescentes a la maternidad, las mujeres de 20 a 30 años se han retrasado en el ejercicio de la misma y en las mujeres de 30 a 34 años se registra un crecimiento. El sociólogo señala que este comportamiento vincula socialmente a sectores diferentes, donde las adolescentes que se incorporan a la maternidad provienen básicamente de una clase pobre, mientras que las mujeres de más de 30 años son aquellas que han priorizado la formación profesional en lugar de la maternidad, registrándose altos niveles de este comportamiento en sectores medios y altos. Asmismo sostiene que cuando se habla del embarazo adolescente, paricularmente se está haciendo referencia al cambio radical de los patrones reproductivos de los pobres, aunque el fenómeno haya teñido otros sectores sociales.

En este sentido, manifiesta que otro aspecto que «debe llamar la atención» es el tratamiento posparto a las madres menores de 18 años. De acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, de un total de 2.700 madres que se atienden anualmente en el sector estatal, el 32% son reiterantes en su segunda gestación y de ellas, el 48% no tienen unión estable ni están casadas. Sólo un 13% están unidas en matrimonio y un 27% convive en pareja estable. Del total de pospartos antendidos en salud pública, apenas el 15% de las madres ha terminado los estudios secundarios.

Se destaca como uno de los logros más trascendentes la disminución de la mortalidad infantil, debido a que ese indicador da cuenta de una mejora en muchos aspectos vinculados a la salud de la población.

Sin embargo, expresa el informe, que la fragmentación social que «se profundiza en el Uruguay marca disparidades preocupantes», debido a que, mientras que la tasa de mortalidad infantil en la costa este de Montevideo es de 4 fallecimientos por cada 1.000 habitantes, en la periferia de Montevideo crece a entre 34 y 40 defunciones por cada 1.000 nacimientos.

Distribución desigual de pobreza

El informe refiere además al crecimiento demográfico de nuestro país y manifiesta que el mismo implica, en el mediano plazo, un «cuestionamiento a la viabilidad del modelo de integración que hasta el momento se ha impulsado». Sostiene que éste muestra «crecientes incapacidades» para abordar propuestas incluyentes, así como que la baja tasa de crecimiento junto al envejecimiento de la estructura poblacional, genera una ecuación de creciente desequilibrio de población económicamente activa y población dependiente.

Leal señala que en esta materia «el principal problema» del Uruguay es que su reproducción biológica se ha instalado en los sectores de extrema pobreza, fortaleciendo de esta manera procesos de exclusión, a la vez que incorpora a este circuito a casi la mitad de los niños que nacen en el territorio nacional. El promedio de integración de los hogares por debajo de la línea de pobreza es de 4,72 personas, mientras que en los núcleos de mayores ingresos esta cifra se sitúa en el promedio de los 2,97 integrantes.

Otro de los cambios experimentados por nuestra población, según el informe, es la distribución desigual de la pobreza que «se ha profundizado levemente» en el período 1996-2000. Explica que estudios realizados recientemente, indican que el 51,54% de los niños de 0 a 4 años tiene, al menos, una necesidad básica instaisfecha.

Iname «desplazado»

Respecto al problema de seguridad ciudadana, Leal señala que el Ministerio del Interior ha pasado a ocupar un lugar trascendente en la intervención sobre la infancia, lo cual » victimiza aún más» a la porción de niños y niñas que presentan carencias importantes en la satisfacción de sus necesidades. Sostiene que de esa manera, el Instituto nacional del Menor (Iname), organismo rector de políticas de infancia, «es desplazado en su genuina función, superponiéndose roles y oficinas y trasladando a otras dependencias el tema del desarrollo de políticas para el sector».

En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño manifiesta una gran preocupación por el aumento progresivo de las detenciones de niños y adolescentes, y señala que «la mayoría de estas detenciones son ilegales», ya que «en buena parte» los menores son detenidos sin haberse configurado ninguno de los requisitos previstos por las normas copnstitucionales. En el período 1995-1999 las detenciones aumentaron un 18%, marcando en la capital del país un incremento del 30%. Promedialmente, uno de cada 30 niños uruguayos de entre 5 y 18 años, fue detenido cada año en el período mencionado.

Acta 14

Respecto a los reglamentos disciplinarios en los centros educativos, el sociólogo Leal hace especial referencia en el Acta 14 que rige el comportamiento dentro de los liceos. Sostiene que esta reglamentación está carcterizada por «su imprecisión conceptual de lo que considera falta» y manifiesta que al referirse a las inconductas lo hace con una «terminología imprecisa», marcando «tipos de faltas con límites inciertos, en blanco o figuras abiertas, en donde el operador de turno le da el sentido y contenido». Asismismo expresa que el mismo es «agravado con el exceso de competencia para entender en los asuntos al plantear la posibilidad de perseguir hechos ocurridos fuera del local liceal. Califica esta normativa como un «concepto demarcatorio de límites tan imprecisos como difusos, aunque habilitante a todo tipo de interpretaciones discrecionales».

En este sentido, el Comité entiende que el sistema educativo debería incorporar la mediación como estrategia de resolución de conflictos, calificándolo como «un recurso habilitador que promueve el pensamiento crítico y creativo, las habilidades comunicativas y de manejo de conflicto, el incremento de la autoestima y la participación de los estudiantes; valorando el respeto por las diferencias, la responsabilidad y los vínculos de cooperación», señala el informe.