Feriantes al ataque

Los representantes de los trabajadores informales sostuvieron que la caída del comercio establecido y la industria no es responsabilidad de los vendedores callejeros, y denunciaron que la aplicación de estas medidas apuntan al «exterminio» y no a la recaudación.

«Señores legisladores, miren también hacia arriba, donde están los monopolios hipermercadistas atropellando la pequeña plaza comercial e industrial del país, con la complicidad de los organismos competentes en el contralor de mercaderías importadas a gran escala y ahí encontrarán los verdaderos verdugos», expresa el documento leído durante la reunión.

Los representantes acusaron a la clase política de «darle la espalda» a la Constitución de la República por «no contemplar» la intencionalidad del artículo 67.

«La venta callejera son las puertas abiertas a los cientos de desocupados que se integran anualmente a nuestras calles. Si ustedes cierran esta puerta, abrirán aún más las puertas a la emigración, al suicidio, a la prostitución y a la delincuencia. Cada uno de nosotros que caiga en estos términos será la suma multiplicada de más conciencias que en su momento le harán pagar el costo político más significativo en la historia electoral», sostuvieron.

Eduardo Solari, integrante del MIP, dijo a LA REPUBLICA que de aprobarse la medida se verán afectados los vendedores periferiantes, los vendedores de la ferias permanentes, como en el caso de Serrato 1 y 2 y la que se encuentra ubicada en Mercedes y Arenal Grande, en el antiguo predio del Control, así como las del Interior del país.

«La desocupación crece y los problemas socioeconómicos se agudizan día a día. Esto redunda en el aumento de la delincuencia y en una migración que ya ronda el 18 por ciento. Sin embargo, en vez de reactivar la industria, se castiga al sector más desprotegido».

El proyecto, rechazado por los trabajadores informales, expresa, en el artículo 348, que los titulares de empresas unipersonales de reducida dimensión económica que desarrollen actividad comercial en la vía pública y en espacios públicos, tanto ambulantes como estables, «podrán optar por pagar en sustitución de las contribuciones especiales de seguridad social generadas por su propia actividad, y de todos los impuestos nacionales vigentes, excluidos los que gravan la importación, un único tributo».

En cuanto a la obligación tributaria, el artículo 350 señala que dicho monto se calculará con base en un sueldo ficto equivalente a un salario mínimo nacional (1.060 pesos), lo que equilvadría a un 29%  27% en concepto de aportes patronales y un 2% de retribuciones personales, aproximadamente 300 pesos, que serían recaudados por el Banco de Previsión Social. El dirigente sostuvo que la iniciativa afectaría, principalmente, a jubilados y pensionistas, que integran el sector de periferiantes. «Hay jubilados que deben hacer feria para paliar las jubilaciones miserables que cobran. Ahora, con esta ley deberán optar entre una de las dos cosas. Además, perjudicará a los proveedores de los vendedores y al comercio colateral que se ha formado, como es el caso de los fabricantes de bolsas y los pequeños mayoristas que dependen de nosotros, que somos los que compramos al contado todo los días», expresó.