Guardavidas de Canelones denuncian privatización

Canelones

«Los 145 guardavidas de Canelones nos quedamos sin trabajo de forma injustificada, discriminatoria y verdaderamente sospechosa», sostiene la Asociación de Guardavidas de Canelones (AGC) en la misiva difundida anoche. Señala que «sorpresivamente este año» la comuna canaria «ha hecho un llamado a licitación por el servicio de guardavidas para la temporada 2000-2001″.

Destaca que al llamado «se presentaron dos empresas de seguridad (ningún vínculo con guardavidas), que, vaya casualidad, tienen como socios a los mismos miembros, y que además desde el punto de vista de la capacitación técnica no están en condiciones para llevar a cabo este servicio, pues carece de experiencia, de formación, de ideas, de conocimientos e información sobre la Costa de Oro». Según la gremial, ambas firmas tampoco cuentan con guardavidas «titulados por el Ministerio de Educación y Cultura y la Comisión Nacional de Educación Física».

Recuerda que «el servicio de guardavidas en Canelones fue suspendido en el año 1987 por el actual intendente y reinsertado por el intendente José Andújar en 1994, pues lamentablemente en enero de dicho año hubo una serie de accidentes que le costaron la vida a 29 personas». «Desde ese año en adelante hasta la última temporada, este servicio fue planificado, mejorado, actualizado y ejecutado año tras año por nosotros mismos de forma muy satisfactoria», resalta.

La AGC afirma que a pesar de los reconocimientos y premios obtenidos por el trabajo de sus integrantes «la IMC decide tercerizar el servicio sin ningún argumento valedero», por lo cual pregunta «¿por qué no existe una argumentación sólida y valedera sobre el por qué de la licitación?» y «¿por qué la IMC no reconoce el título oficial de guardavidas otorgado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y Cultura y le ofrece trabajo a personas que no tienen ninguna capacitación, ni formación, ni siquiera aptitudes físicas evaluadas para desempeñar óptimamente una función tan importante?».

Consulta además sobre los motivos por los cuales la comuna «vuelve a poner nuevamente en juego la vida de las personas con un servicio que no está capacitado en ningún aspecto» y acusa al asesor jurídico del municipio, Miguel Collazo, de «manejarse siempre dentro de los parámetros de la mentira, faltándole a la verdad tanto a la población como a la Junta Departamental, y quizás hasta al propio intendente».

«¿Por qué el doctor Collazo y la secretaria general Marianella Medina en años anteriores desecharon todos los convenios con empresas privadas que nos aseguraban toda la infraestructura de forma totalmente gratuita a cambio de publicidad en las playas? ¿Es que las condiciones favorecían solamente a la población y a los guardavidas pero no a ellos?», interroga.

Peligro para los turistas

La AGC advierte que si se concreta la tercerización prevista por el gobierno municipal colorado, «de cada persona que bajara a disfrutar de la playa correría peligro su vida» y asegura que la administración departamental «no se preocupa» por la seguridad de los turistas. «Ustedes y nosotros podemos intentar corregir este error antes de comenzar la temporada estival, pues de no ser así lo vamos a lamentar frecuentemente durante la misma», subraya.

«Todos sabemos que a una persona que tenga la posibilidad de salvar una vida no se le puede retribuir económicamente, porque una vida no tiene precio, no vale siquiera todo el dinero del mundo. Esperamos que en esta ocasión la retribución de haber salvado a tantas personas durante estos años no se vea reflejada en la injusticia de dejarnos sin trabajo, sino en la valorización de nuestra profesional tarea», añade.