Procesan a médico fernandino por "tentativa de fraude"

Maldonado

La paciente, al ser interrogada en la sede judicial, denunció que «no llegó a pagarle, porque la intervención no fue satisfactoria y debió ser intervenida por otro ginecólogo del mismo hospital». La Justicia logró probar que el profesional acusado pretendió cobrar la intervención quirúrgica mientras estaba de guardia. Autoridades ministeriales aclararon: «Está prohibido cobrarles a los pacientes que cuentan con cobertura médica total en los hospitales públicos». La investigación por la posible existencia de una clínica abortiva en ese hospital, de la cual se responsabilizaba a este ginecólogo, surgió después que un hombre denunciara lo que le había ocurrido a su compañera.

El año pasado, a raíz de la declaración de dos adolescentes de 14 y 15 años que habían sido sometidas a sendos legrados, la Justicia investigó la presunta existencia de una clínica abortiva clandestina dentro del nosocomio fernandino. Durante las pesquisas, fueron analizadas decenas de historias clínicas retiradas por orden judicial.

En su momento, esta delicada situación detonó una fuerte polémica pública entre el director del Hospital, Mario Gomensoro, y el médico forense Héctor Volonté, quien cumpliendo la antedicha orden judicial, había retirado un cierto número de historias clínicas de la administración del hospital para investigar el número de legrados realizados allí, al presumir que se estaba ante maniobras ilícitas.

En esas circunstancias, Gomensoro acusó a su colega de «llevar adelante una campaña de tipo político contra él y contra el hospital» . A raíz de esta situación, el ex ministro de Salud Pública Raúl Bustos ordenó una investigación administrativa, que «no encontró irregularidades».

Como consecuencia de esta sucesión de episodios, Volonté fue despedido de su cargo como médico de familia del Ministerio de Salud Pública.

El fiscal Gustavo Zubía probó los cargos y solicitó el procesamiento del ginecólogo. El galeno tiene seriamente comprometida su situación judicial y su libertad, ya que también enfrenta una denuncia radicada en el Juzgado Penal de 2º Turno por una presunta «omisión de asistencia» en el caso de una bebé que fuera dada por muerta al nacer, que, sin embargo, sobrevivió quince días. Como se recordará, LA REPUBLICA informó profusamente sobre el impactante caso. En la hipótesis que fuera procesado por este segundo caso, por la acumulación de imputaciones, el profesional sería finalmente remitido a la cárcel.

Por lo pronto, una junta pericial, presidida por el médico Guido Berro, responsable del Instituto Técnico Forense, dictaminó que el ginecólogo en cuestión incurrió en omisión de asistencia en el caso de la bebé nacida en el hospital Elbio Rivero, que luego falleciera en el Pereira Rossell de Montevideo.

El caso conmocionó al departamento a mediados de 1999, cuando la esposa de un funcionario policial fue internada de urgencia para un parto espontáneo y fuera de tiempo.

Aunque muy débil, nació una niña que casi inmediatamente fue declarada muerta por el médico interviniente. Así se les informó a los padres, que reclamaron a viva voz para verla, porque habían sido informados que la pequeña aún estaba con vida. Y así era. Siete horas después del parto, la niña fue traslada al CTI del Hospital Pereira Rossell, donde, a pesar de los cuidados que recibió, falleció una semana después a raíz de una insuficiencia respiratoria. Esta causa se encuentra en el Juzgado de 2º Turno, a cargo del juez Daniel Tapié, quién aún no se ha expedido.