Morosos a juicio

La morosidad de OSE que hoy trepa el seis por ciento es uno de los desvelos del directorio. La amnistía dispuesta por el directorio a principios de año para que los deudores regularizaran sus cuentas, con importantes bonificaciones en multas y recargos, no tuvo el resultdo esperado y apenas algo más de 3.600 clientes se acogieron a la misma.

Tiene hoy 45 mil servicios con deudas y el ente, como ya lo adelantó LA REPUBLICA oportunamente, decidió semanas atrás transitar por dos caminos: juicios ejecutivos, alrededor de cuatro mil en primera instancia y pasaje al Clearing de los morosos, en una medida que si bien resulta «dura» por las implicancias sociales que conlleva, el directorio la justifica dado que el 65% de los clientes pagan promedialmente 100 pesos por mes de agua, pese a lo cual el nivel de morosidad ha crecido significativamente en los últimos meses.

A entender de Yáñez, existe un»problema cultural» que incide en la conducta de la población que deja de pagar el agua.

Otra realidad muy distinta surge de los deudores considerados grandes consumidores y de las propias intendencias morosas. Con estas últimas, que deben en total al organismo 11 millones de dólares, se trabaja en acuerdos compensatorios que pasan por que la Intendencia se haga cargo de la reposición de pavimento y otras obras que debería abonar OSE y que es decontado de los consumos.

En cuanto a los grandes consumidores, Yáñez explicó a LA REPUBLICA semanas atrás que se ha detectado una importante merma en la recaudación, ya que muchas fábricas o industrias, ante una tarifa diferencial de OSE, más elevada que la residencial, decidieron desconectarse del servicio de OSE y hacer su propio pozo. «Algunas conservan una conexión con OSE para duchas, servicios higiénicos y bebederos del personal, pero para el resto utilizan agua propia», había comentado en esa oportunidad.

Además de la merma por conexión propia, también perjudica la recaudación del ente la baja de actividad de la industria, ya que el cierre de muchas de ellas provoca la cancelación del servicio y OSE pasa a engrosar la larga lista de acreedores de la empresa en quiebra.

En este aspecto, sobre la reforma de la carta orgánica que prevé la venta de agua bruta sin potabilizar para riego a precios más económicos, Yáñez sostuvo oportunamente que ni bien se apruebe en el Parlamento, ese servicio se debe realizar con las instalaciones actuales para que signifique un ingreso adicional y no «ponernos a hacer grandes inversiones por si después encontramos clientes».

«El proyecto Arazatí (que prevé la extracción de agua del Río de la Plata), estaba previsto para eso, pero el informe de la consultora que estudia el Plan director de Agua Potable para el aérea metropolitana nos cuesta por encima de 75 millones de dólares», dijo. «Entonces, que OSE invierta para después ver cuánta gente se conecta o cuántos necesitan agua bruta, no es viable».

El Plan director establece además otras prioridades y sugiere que para los servicios de OSE es «muchísimo más económico levantar en cuatro metros la presa de Paso Severino que costaría 9 millones de dólares. Como segunda opción prioriza un embalse en Casupá, otro en Picada de Almeida y en cuarto lugar Azaratí.

A la política de sustitución de tubería y medidores, para evitar las pérdidas técnicas se suma el estudio de la reestructura tarifa a cargo de la Universidad de la República, donde surje claro que OSE tiene un gran componente de costo fijo y un pequeño componente de costo variable (consumo), criterio que a juicio de los técnicos de la alta casa de estudios debe ser cambiado.

La Universidad plantea cambiar la estructura, disminuir las escalas de volúmenes de consumo y estudiar qué peso le debe dar OSE al cargo fijo (personal, inversiones, estructura de la empresa), en vista a la realidad actual que muestra que el cargo fijo ya no se usa sólo para inversiones.

Otra sugerencia es fijar una tarifa a través de costos marginales, es decir, que se realice el estudio como si las inversiones en el quinquenio fueran hechas al día de hoy y con el valor real para cada departamento o región.