Recurso de amparo

Según los denunciantes, el fraccionamiento corresponde a un terreno comprendido entre el cerro Buena Vista hasta el Faro, en la zona de playa norte, adquirido, en parte por la inmobilaria «Dunas» (Alcar SA) de Punta del Este el 19 de febrero de este año.

Mónica Rodríguez, integrante de Aprocabo, dijo a LA REPUBLICA, que el terreno fue vendido en forma «ilegal» en junio del año pasado en U$S 190.000. Hace tres meses sostuvo se realizó una nueva transacción, esta vez por U$S 2 millones. Actualmente, los 800 metros cuadrados se cotizan en aproximadamente un millón de dólares.

«La política del Mvotma, evidentemente, es transformar el área en una zona de turismo superexclusivo fomentando, además, la especulación inmobilaria. Quieren hacer otro Punta del Este. Hablan de construir un parque nacional cuando no tienen ningún proyecto. En realidad, el proyecto es que se transforme en un negocio para las multinacionales», afirmó Rodríguez.

La organización sostiene que se debe «recomponer» el sistema dunar, nombrado monumento natural y patrimonio de la humanidad, al tiempo que denunció que la cartera de Estado, luego de haber realizado casi un centenar de demoliciones, no retiró los escombros generados desconociendo el programa pautado por la Universidad de la República.

«Esto provocó la pérdida de arena del cordón lunar, barrera natural al avance del mar. En caso de continuar las demoliciones de las casas existentes, cuyo impacto negativo al ecosistema se estima en solamente un 3%, comprometerá aun más la existencia de playa», expresa el documento.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Cat, dijo «desconocer» la denuncia presentada por la asociación, señalando que la cartera de Estado iniciaría una investigación para evaluar posibles responsabilidades.

«A mí nunca me llegó esa denuncia. Nosotros tomamos conocimiento hoy (por ayer) y vamos a iniciar una investigación. No conocemos el hecho. Nadie nos ha dicho nada, ni los propios pobladores ni ninguna ONG», afirmó el jerarca.

Un lugar único

Otra de las pérdidas incuantificables, a juicio de Rodríguez, es el estilo de vida de sus pobladores y su acervo cultural, directamente relacionado con la geografía del lugar.

Actualmente, cincuenta familias que viven de forma permanente en Cabo Polonio corren el riesgo de perder una peculiar filosofía de vida trasmitida de generación en generación.

«Los habitantes de la zona tienen su vida y su cultura creada en base al lugar. Las primeras generaciones vivieron de la faena de lobos, actividad que fue suspendida por el Estado.

Luego la actividad pesquera se vio mermada como consecuencia del aumento de la población lobera. La prohibición de realizar tareas de construcción y la disminución del turismo debido a la actual situación conspiran contra sus pobladores. Ahora se busca erradicarlos del lugar y nadie se preocupa por el destino de esta gente».

En ese sentido, el comunicado expresa que se ha violado los derechos de los pobladores del lugar, utilizando la represión como forma de intimación.

«Amenazan continuamente con topadoras. La población de Cabo Polonio, diversa en su composición, es una comunidad que se autogestiona y sustenta sin recibir ningún apoyo oficial», al tiempo que advirtieron que el impacto social de las demoliciones es la «pérdida de integrantes» y la «destrucción de fuentes trabajo, alterando valores y tradiciones y la convivencia entre pescadores, artistas plásticos, artesanos, comerciantes, investigadores y turistas».