A precio de chatarra

«La patronal dice venderla al kilo, cuando ese no fue el precio ofrecido en varias oportunidades a los trabajadores. Seguramente, esta afirmación es para evadir impuestos», afirmó Salles.

Diariamente, camiones de transporte internacional, con matrícula del país trasandino, proceden a trasladar la pesada maquinaria desmantelada que alguna vez perteneció a la pujante industria del vidrio nacional, hoy desaparecida.

Salles denunció que existe una «dualidad» en el criterio utilizado por los dueños de Cristalerías, ya que cuando los trabajadores presentaron un proyecto alternativo para impedir el cierre de la fábrica la maquinaria fue tasada en U$S 2.5 millones, mientras que la empresa chilena la estaría adquiriendo a precio de «chatarra».

De todas formas, el profesional no descartó que esta afirmación fuera realizada con el propósito de «evadir» los aranceles por concepto de importación.

Salles recordó que el estudio de viabilidad realizado dio una tasa interna de retorno de más del 19%, «lo que demostraba», sostuvo, «la altísima viabilidad de la empresa» y que el propio Ministerio de Industría y la Dirección Nacional de Industrias reconocieron el «carácter inobjetable» del proyecto de viabilidad.

«La interrogante es qué va a pasar con los envases de vidrios que no se pueden reciclar. En todas partes del mundo es considerado como ideal para el envasado, mientras que en Uruguay se desestima», afirmó.

Para Salles, el proyecto naufragó debido a que «antes de las elecciones la Junta Departamental por unanimidad respladó la posible reapertura de Cristalerías.

El problema fue que, pasada las elecciones, se produjeron los cambios inevitables y se sabía que había sectores políticos que no iban a apoyar esta iniciativa».

Otro de los temas que conspiró, a juicio del entrevistado, fue el tiempo: «Hubo una larga discusión, ya que el carácter de sociedad anónima que el personal de producción había adoptado les obligaba a buscar la declaración de interés nacional que les permitía reducir entre otras cosas, los aportes del Banco de Previsión Social».

El principio del final

El conflicto comenzó a gestarse en abril del año pasado cuando los propietarios de la empresa le comunicaron a una delegación el inminente cierre, aduciendo que era «inviable». La reacción de los empleados no se hizo esperar: la fábrica fue ocupada de inmediato y los trabajadores comenzaron a elaborar un proyecto alternativo para evitar la pérdida de más de 200 fuentes de trabajo.

En la oportunidad, integrantes del gremio señalaron que «nadie ha sostendio que el proyecto que hemos presentado sea inviable. Por el contrario, hemos demostrado la total viabilidad del emprendimiento y la falsedad de lo expresado por la patronal, cuando utilizó este argumento para justificar el cierre.

El vidrio es el único material cien por ciento reciclable y con las garantías necesarias. Mientras que en nuestro país el vidrio tiende a desaparecer, en Europa hay una legislación que protege a la industria».

La Intendencia Muncipal se presentó como fiador solidario, lo que fue votado por unanimidad por la Junta Departamental. Finalmente, el Tribunal de Cuentas desestimó la solución presentada por el gremio.

Para eso, el organismo de contralor se basó en un artículo de la Constitución, al entender que no era momento para expedirse sobre el tema dado que si bien la comuna salía como garantía, no representaba para ésta una erogación. Incluso, en su momento, una delegación de los trabajadores se reunió con Pablo García Pintos y Julio Iglesias –integrantes del Directorio del Banco República por ese entonces– y con el propio presidente del BROU, César Rodríguez Batlle, quienes habrían afirmado que el organismo había respaldado proyectos «más débiles» que el presentado por los trabajadores.