"Usaron a nuestros muertos para hacer campaña electoral"

«Espero que ustedes publiquen los nombres de las personas que nos engañaron, porque Canal 4 y Canal 12 nos dijeron que si los nombrábamos la nota no salía», señala Gulma Lucero a LA REPUBLICA, quien el 6 de noviembre del año pasado viajaba en el ómnibus que se accidentó en Paso Pache al volver de Florida, donde se realizó el primer acto público de la fórmula Batlle-Luis Hierro López.

En el trágico suceso falleció su esposo, Fernando Busarello. Sus dos hijos, Anetta (11 años) y Fernando (10), sufrieron lesiones que obligaron a su internación. La familia iba a acompañada por una amiga de los niños, María Victoria, de 11 años, que también perdió la vida. Lucero perdió las funciones de su brazo derecho.

«A mí me prometieron de todo», señala, «hasta la pensión que se estaba tramitando a mi hija desde el año 1997. Sólo me dieron un abono de Copsa para poder trasladarme al médico.

Hasta ahora no he recibido respuesta de nadie, pese a que hemos tratado de hablar con el presidente de la República, Jorge Batlle, con Hierro López, con Julio María Sanguinetti y con el diputado Alberto Scavarelli. Nadie se dignó a atendernos. La respuesta es siempre la misma: no se encuentran».

Lucero recordó que en abril de este año se reunió con el vicepresidente de OSE, Ariel Moller, quien le habría prometido que el 10 de junio tendría una respuesta sobre la promesa inicial de un trabajo o una pensión debido a la muerte de su esposo. Sin embargo, cuatro meses después, Lucero todavía espera la llamada de Moller.

La mayoría de las personas se encuentra en una situación económica harto difícil, al haber perdido el principal ingreso de sus familias.

Es el caso de Pedro La Cruz, un joven de casi treinta años, que se encuentra desesperado. En el accidente perdió a su madre, una hermana, una sobrina y un tío.

Cristina La Cruz, hermana de Pedro, salvó su vida milagrosamente, luego de dos meses de estar internada en el CTI de un sanatorio.

El joven tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanas menores, de 13 y 16 años, y de un hermano que padece trastornos mentales. Le llegó una orden desalojo ante la imposibilidad de hacer frente al alquiler.

«Por ayudar a mis hermanos no pude pagar el alquiler. Fui a hablar con Scavarelli, diputado del Foro Batllista, y su secretario me dijo que hablara con el diputado García Pintos», sostiene La Cruz.

Cuando se presentó en el despacho del diputado quincista, García Pintos, visiblemente ofuscado, le espetó: «Estos me mandan todo a mí».

«La sensación de impotencia es muy grande. Nadie hizo absolutamente nada», afirmó el joven.

Cristina recuerda las promesas con un dejo de amargura: «Me prometieron pagarme la mutualista para poder trasladarme en ambulancia, ya que los primeros meses, luego del alta médica, estaba imposibilitada de caminar. Incluso, como vivo en Melo y debía realizarme todos los meses controles en Montevideo, les pedí una ambulancia y me la negaron. Ni siquiera recibí ayuda a nivel humano. Me pude trasladar con la ayuda de Dios y los vecinos».

Apenas conocido el trágico accidente, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió establecer tres días de duelo partidario.

La resolución de este órgano expresaba textualmente en un comunicado, emitido el domingo 7 de noviembre de 1999, «encomendar a los diputados por Montevideo y un equipo de colaboradores, asistir a las víctimas y sus familiares en todo lo que pudieran necesitar».

Paralelamente, altos dirigentes colorados emitían mensajes de condolencias ante el hecho. El ex presidente de la República Julio María Sanguinetti expresaba: «Salieron con alegría a una fiesta cívica, con adhesión y entusiasmo, esa gente modesta que lucha desinteresadamente por lo que siente, por un partido de la libertad, de la justicia».

En la oportunidad, el entonces presidenciable Jorge Batlle dijo textualmente: «Lo acontecido no solamente nos ha llenado a todos los integrantes de nuestro partido de dolor, sino que creo que es un dolor compartido por todos los uruguayos. Sentimos ahora que la obligación de todos nosotros es estar cerca, muy cerca de las familias que han pasado por esta tan penosa situación».

A casi un año del hecho, familiares y víctimas de la tragedia afirmaron a LA REPUBLICA que «tanta lealtad al Partido Colorado reconocida por el propio Presidente no fue retribuida de igual forma. Jamás se ayudó a las víctimas del accidente como se prometió. En muchas oportunidades ni siquiera se dignaron a atendernos personalmente. En sus corazones y sus conciencias saben que ello es así. Sentimos que usaron a nuestros familiares fallecidos y a nosotros mismos para hacer campaña electoral».

Susana Eguren perdió a su hermana María del Rosario Eguren Oyarzun, de 38 años, y a su sobrino Juan Ignacio Rivero Eguren, de 12 años. «Mi hermana trabajaba doblando listas para la 2000. Luego del accidente, mi familia fue representada por la escribana Ana María García, amiga del senador Pablo Millor, que está asociada con la doctora Rosa de Juan. Estas señoras aparecieron un día en la casa de mi madre para decirle que si no teníamos inconvenientes nos iban a llevar el caso ante el Banco de Seguros del Estado. Con mi madre y mi hermano firmamos un poder que habilitaba a estas personas».

Según lo narrado por Eguren, en junio de este año García le comunicó telefónicamente que el senador quincista Pablo Millor la iba atender en su despacho. La reunión nunca se concretó, ya que cuando Eguren concurrió al Palacio Legislativo, el legislador, según le informó su secretaria, se encontraba en el departamento de Artigas.

«Cuando se lo conté a García, me dijo que no había que hacer conventillo, porque según ella esto es un conventillo que puede perjudicar al Partido Colorado», sostuvo.

También existen otros hechos que llaman la atención, denunciados por Eguren como «presiones» o, al menos, que llaman la atención. La denunciante invitó a otras personas protagonistas del accidente a participar de la reunión.

En un primer momento, estas personas expresaron su voluntad de concurrir pero horas antes, cuando se las llamó por teléfono para ofrecerle un vehículo para su traslado, ya que son personas mayores, rechazaron la invitación, ya que García las habría intimidado. «García me acusó personalmente de ser una revolucionaria», afirmó Eguren.

El abogado patrocinante de los familiares y víctimas, Enrique Sagardoy, dijo a nuestro diario que se viene analizando la posibilidad de entablar una demanda y eventual juicio contra el Estado, aunque no hizo referencia al monto que se reclamaría por daños y perjuicios.

«Las personas que han perdido familiares en el referido siniestro no han recibido indemnización alguna y ello se debe, a nuestro entender, por una omisión en el dictado de un decreto reglamentario», expresó.

Sagardoy sostuvo que existe una contradicción evidenciada en el artículo 91 de la ley 15.851, por la cual se crea el seguro obligatorio de responsabilidad civil, emergente del contrato de transporte. Esta ley fue reglamentada por el decreto 787/89, donde se reitera la obligatoriedad del seguro por responsabilidad civil contractual en casos de muerte e invalidez, ordenando al Banco de Seguros de Estado la creación de una póliza de seguros.

«Según esta normativa», sostuvo el profesional, «se deben indemnizar los daños que sufran los pasajeros como consecuencia de muerte, pero también se indica que la obligatoriedad del seguro es respecto de la responsabilidad contractual».

Sostuvo que la contradicción radica en que las reclamaciones derivadas del fallecimiento de una persona durante la
vigencia de estos contratos no es de naturaleza contractual, sino extracontractual, ya que a los reclamantes, en este caso los familiares, no los vincula ningún tipo de contrato de transporte. «Esta clara contradicción llevó a que los legisladores dictaran en 1990 una nueva ley, la 16.170, que expresa la obligatoriedad en la responsabilidad contractual y extracontractual. También se expresa que será reglamentada por el Poder Ejecutivo, lo que nunca ocurrió», indicó.