Frontera alambrada

El vicepresidente de la Asociación de Vendedores Desocupados Agrupados de la ciudad, Juan Carlos Fernández sostuvo que no es la primera vez que el prefecto comete «atropellos que lesionan la soberanía uruguaya». En junio de este año hubo otro enfrentamiento cuando se pretendió desalojar a los vendedores lo que provocó una tensa situación con las autoridades brasileñas.

Cuando se termine de instalar la malla de 2 metros de altura y 400 metros de extensión, unas 1.200 personas que dependen directa e indirectamente de la venta informal distribuidos en 132 puestos ubicados a lo largo de la Avenida Internacional, quedarían con ingresos reducidos. El número de vendedores representa un 10% del total de la población de la zona, estimada en 10.000 personas según el último censo realizado el pasado año.

Fernández dijo que el jerarca brasileño se ha negado «sistemáticamente» a dialogar con los vendedores: «El diálogo se ha truncado debido a la forma agresiva e irrespetuosa utilizada por el prefecto al referirse a las autoridades uruguayas. Hemos sufrido agravios y acusaciones de parte de este señor sin ningún fundamento».

Según el dirigente, Kasem Yomaa acusó a los trabajadores de comercializar en la línea fronteriza drogas y armas, lo que fue calificado como un «disparate» por el dirigente.

«Uruguay viola la ley»

En diálogo con LA REPUBLICA, Mohamed Kasem Yomaa, dijo que la iniciativa de colocar una malla obedece a que la situación permanece «incambiada» desde junio, cuando hizo desalojar a los vendedores que se encontraban en el cantero central del lado brasileño.

«A partir de ese momento, quedaron del lado uruguayo pero con las bocas de venta hacía Brasil. Pese a los reiterados contactos que he tenido con la Intendencia de Rocha, no se tomó ningún tipo de medida, por lo que me veo obligado a actuar». Consideró asimismo que «no es cierto» que lesione la soberanía uruguaya, porque la malla estará del lado brasileño. En cuanto a la «comercialización» de drogas y armas por parte de los vendedores, Kasem Yomaa dijo «tener pruebas» de esta situación, señalando que existen personas procesadas en Santa Victoria do Palmar por venta de estupefacientes. «Las armas a las que hice referencia», sostuvo el prefecto, «son réplicas de armas de fuego que están prohibidas en Brasil».

La decisión de Yomaa se basa en un acuerdo firmado por ambos países en 1933, que prohíbe cualquier tipo de construcción en una distancia de 10 metros del cantero central.

«Problema de Brasil»

Por su parte, el intendente de Rocha, Irineu Riet Correa dijo que si el prefecto del Chui, quiere poner un alambrado en el cantero central para desplazar a los comerciantes uruguayos «es un problema de Brasil y no nuestro. Es territorio brasileño y por lo tanto no puedo hacer nada».

El jerarca comunal restó importancia al tema y dijo que el gobierno del Chui, «tiene las potestades para hacer lo que le plazca» y añadió, con cierta molestia, que «parecería que no hay más noticias en el país y le dan a este tema más importancia de la que tiene».

El jefe comunal desestimó que esta situación vaya a deteriorar las relaciones con Brasil.

«Hay que respetar las decisiones de los gobiernos soberanos y como el prefecto del Chui tiene competencias para tomar una decisión como la anunciada, yo no tengo nada que ver, no me puedo entrometer en decisiones en territorio extranjero», indicó Riet Correa.