Investigación sin futuro

A través de una carta remitida a LA REPUBLICA, los investigadores manifestaron su preocupación por la proyectada eliminación del FNI. «No sólo se ha considerado la posibilidad de que todos aquellos calificados como académicamente aptos para acceder al mismo puedan hacerlo, sino que ni siquiera mantienen los recursos que el Fondo tenía asignados hasta el momento».

El pasado 15 de setiembre, nuestro diario informó sobre la situación de la investigación en nuestro país, más particularmente sobre la eliminación del FNI.

Dicha unidad ejecutora se creó en el pasado proyecto presupuestal de 1996, mediante el artículo 388 que fue votado por 23 senadores de todos los partidos políticos.

El artículo asigna una partida de un millón de dólares al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), para la financiación del Fondo. Sin embargo, por falta de recursos, esta dependencia comenzó a funcionar recién en 1999.

La creación del Fondo tuvo por cometido realizar un llamado a científicos cada tres años, otorgando a los seleccionados una partida mensual para dedicarse a investigar durante dicho período.

En 1999, una vez que el Ministerio de Educación y Cultura recibió las partidas, se creó una comisión administradora, integrada por un representante del MEC, el rector de la Universidad, Rafael Guarga y el presidente del Conicyt. Este grupo, a su vez, nombró al cuerpo de asesores integrado por 11 académicos, haciéndose cargo de la evaluación y selección.

El año pasado se hizo el primer llamado, al cual se presentaron 700 investigadores, de los cuales 487 fueron calificados. Finalmente, por falta de recursos, sólo quedaron 151.

Por otra parte, la carta refiere a la situación del Conicyt, al que se le quitaron atribuciones, quedando bajo la órbita de la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología del MEC, como un organismo asesor y no ejecutor como lo era anteriormente.

Los denunciantes consideraron que para la calidad de la actividad científica, la selección de los programas y los proyectos «deben realizarse con las máximas garantías de idoneidad técnica. Las políticas científicas serias no pueden definirse e implementarse sin la participación activa de los propios investigadores».

En este contexto, los investigadores solicitan el aumento de los recursos nacionales destinados a la ciencia y a la tecnología.

Denuncian que nuestro país quedó atrás en materia de investigación científica, tanto a nivel mundial como regional.

Advirtieron sobre la emigración masiva de los científicos uruguayos, que suelen ser muy bien acogidos en otros países, por su reconocida competencia e idoneidad.

«Parece no advertirse la gravedad que esto tiene para un país de las dimensiones de Uruguay. Cada vez que emigra un científico joven uruguayo, perdemos capacidades únicas que el país no está en condiciones de sustituir».

Parques y polos tecnológicos

Según los investigadores, entre 1985 y 1996 Uruguay alcanzó importantes logros en materia científica, «llegando a ocupar uno de los primeros lugares de la región en lo referente al volumen de producción científica con relación a nuestro tamaño».

En este sentido, manifestaron que esta situación es atribuible a la voluntad por parte de la comunidad científica, de reconstruir la vida intelectual y productiva y de estimular la formación de jóvenes con vocación, «muchas veces nadando contra la corriente y a pesar de la indiferencia oficial».

Asimismo, señalan que se lograron avances en la conexión entre los sectores productivos y el mundo académico, «aunque la incidencia económica aún es escasa».

«A nuestro entender, ello se debe –fundamentalmente– a la falta de definiciones políticas claras y sostenidas en el tiempo, de una adecuada estructura institucional y de niveles de inversión suficientes e ininterrumpidas», expresan.

Se refirieron a la intención –por parte del gobierno– de promover en el país empresas de fuerte base tecnológica. En este sentido, destacaron la necesidad que dichas propuestas se encuentren insertas en un plan nacional de desarrollo coordinado del sector científico y tecnológico.

Afirmaron, finalmente, que mientras que en todos los países de la región existen secretarías, ministerios u otros organismos muy próximos a la presidencia para el diseño de políticas y su implementación, así como para asesorar al poder ejecutivo en todo lo referente al desarrollo científico y tecnológico, en el caso uruguayo la priorización de estos temas ha disminuido con los años.