Estudiantes y autoridades resolvieron tregua de 72 horas

Las autoridades de la educación se negaron a solicitar al Poder Ejecutivo un incremento en las partidas extrapresupuestales, pero sí se comprometieron a suspender la extensión a segundo ciclo de la reforma educativa, de acuerdo a lo informado por los delegados estudiantiles tras la reunión llevada a cabo en la sede del Consejo de Educación Técnico Profesional.

Otra de las reivindicaciones estudiantiles, la suspensión del cierre de cursos en la enseñanza técnica profesional, fue rechazada por las autoridades; lo que sí consiguieron los estudiantes fue la promesa de que para el próximo año no se cierren más liceos nocturnos.

Respecto a la derogación de las actas que consideran «represivas», los estudiantes no aceptaron que la decisión se tome después de dos semanas, como planteó Carbonell y dieron un plazo máximo de 72 horas». De no obtener una resolución positiva antes del viernes, «se agudizarán las medidas de lucha», siendo una ellas la ocupación de los institutos de enseñanza, comentaron voceros estudiantiles. Luego de dejar en claro que se fueron «para nada satisfechos» denunciaron que al comenzar la reunión había gente que no era estudiante, que no participaba de ninguna instancia , y que eran de una agrupación política «jóvenes amigos de García Pintos» que fueron a escuchar. Estas cosas, dijeron, «ensucian y enchastran el ambiente».

Por su parte las autoridades de la enseñanza media expresaron a LA REPUBLICA que se asumió un compromiso de estudiar las propuestas hechas por los estudiantes sobre la reformulación de los reglamentos pero Carbonell no precisó cuáles serían tales modificaciones. Asimismo anunció que habrá una tregua hasta el próximo martes cuando se dará a conocer la respuesta de las autoridades de la educación.

La presidenta de UTU, Fanny Arón, manifestó que los estudiantes «se reservarán el derecho de realizar actividades gremiales y nosotros por nuestro lado tomaremos las medidas que correspondan». Ambos jerarcas enfatizaron que se retiran conformes de la negociación. Previamente, el Poder Ejecutivo modificó un Decreto del año 1966 que autoriza ahora al Ministerio del Interior al «ingreso de la fuerza pública en los locales comerciales industriales y similares y en centros de enseñanza, públicos o privados y centros de asistencia médica, públicos o privados, ocupados por empleados, obreros, personal técnico, paramédicos, estudiantes o cualquier otra persona, cuando medie solicitud expresa por parte del titular de la empresa respectiva o de las autoridades competenetes de las instituciones en cuestión».