La empresa aduce que el producto no es tóxico

Investigan a "Big Sal"

Canelones

Tal como informó ayer LA REPUBLICA, días atrás la Dirección de Atención a la Salud de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) confiscó aproximadamente una tonelada de sal que podría resultar tóxica y cuyos rotulados, según la comuna, contenían números fraudulentos.

En declaraciones a este matutino, el director de la mencionada área, Nelson Vila, dijo que el citado producto «no está registrado en Canelones y era ‘stockeado’ en Ciudad de la Costa», donde se encuentra la oficina comercial de la empresa Conisel Sociedad Anónima.

El jerarca indicó que su dirección «realizó una investigación» acerca del producto Big Sal, comercializado principalmente en la zona costera. En ese marco, la IMC consultó al Ministerio de Salud Pública (MSP) si la sal tenía la correspondiente habilitación. «Se comprobó que el número era trucho».

Destacó que con base en las boletas encontradas en el depósito, el personal inspectivo de Atención a la Salud trata de establecer en qué comercios fue colocada la sal. «Cuando acabe el procedimiento, realizaremos las denuncias correspondientes», afirmó el jerarca sin explayarse en el tema. Destacó además que el gobierno municipal «dispuso la aplicación de multas y el cierre definitivo de los depósitos de la fábrica en Canelones».

Mientras tanto, el director de Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), Miguel Fernández Galeano, comentó que esa administración departamental «no ha recibido comunicación oficial ni oficiosa de Canelones». Respecto a la sal descartó que en la capital se comercialicen sales que no estén habilitadas por la comuna.

La empresa

En la tarde de ayer, Leonardo Alvarez, encargado de la firma Conisel SA, se contactó con LA REPUBLICA para dar su versión sobre el «procedimiento» de la Intendencia de Canelones y aportó varios documentos, entre ellos la habilitación de la Intendencia montevideana para comercializar el producto.

Además, entregó un informe del Departamento de Control de Medicamentes y Afines del MSP, firmado por la química farmacéutica Lucía Carpiuc el 26 de octubre de 1999, en el cual se autoriza la inscripción y habilitación de Conisel, «como importadora, distribuidora y depósito de sal comestible para uso humano bajo la responsabilidad y dirección técnica de la química farmacéutica Beatriz Asís». Sin embargo, el pasado 15 de agosto, la química Carpiuc ordenó, citando un informe de la Asesoría Jurídica Notarial del MSP, la revocación del permiso.

«Toda la información que aparece en el envase del producto es cierta y podemos comprobarlo», dijo Alvarez, quien sostuvo que «no hay ningún número fraudulento». Señaló además que en la IMC «nos informaron que no tenían ningún análisis del producto y que se basaban en la revocación del MSP». «No entendemos esta medida, pues la empresa realizó todos los trámites adecuados», afirmó.

El empresario explicó que en la elaboración de Big Sal «se utiliza cloruro de sodio, iodo, flúor y un antihumectante». Advirtió que al referirse a la posible «toxicidad» de la sal «probablemente apunten al antihumectante, el cual consideramos que no es tóxico», y destacó que el mismo se utiliza sin inconvenientes en Brasil. «Otra marca de sal en el mercado elabora el producto con el mismo antihumectante», subrayó, por lo que consideró que «detrás de todo esto hay algo raro».

Alvarez expresó que Big Sal está en el mercado desde hace un mes y medio y, al ser comercializada a través de mayoristas, «puede estar distribuida en todo el país». En ese tiempo, comentó, que la empresa Conisel «ha recibido ataques de todo tipo», que calificó como «estrategias de venta». Acerca de la falta de la habilitación en Canelones, aseguró que se debió a «desconocimiento» y no a mala intención. «Tenemos habilitaciones de Montevideo y Cerro Largo», apuntó el empresario, y destacó que en Canelones «hay una sola empresa que luce la habilitación bromatológica en el envase», la cual «tiene el depósito central en el departamento».

Asimismo, el empresario denunció que la notificación del MSP sobre la revocación «estuvo en manos de otras empresas que venden sal 15 días antes» que llegara a Conisel.

«Es una guerra entre empresas, pero todas apuntando contra nosotros», comentó Alvarez.

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