Taxistas de San José no pagan test de control

En una medida sin precedentes casi la totalidad del gremio de taxistas del departamento de San José decidió no pagar al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) el control de relojes que anualmente efectúan sus técnicos y que significa, para los trabajadores del transporte de pasajeros, un costo de 2,5 Unidades Reajustables, aproximadamente $500.

El pasado lunes los técnicos del LATU se presentaron en el departamento, como todos los años, para efectuar la prueba de control que verifica los relojes ficheros que señalan el costo del viaje. Sin embargo, y aunque no es una medida gremial, los taximetristas decidieron no acudir al test por considerar que la prueba del LATU «se ha transformado prácticamente en un impuesto más» que deben pagar todos los meses de setiembre, desde hace tres años, según declaró a LA REPUBLICA el taxista Fernando Morales, representando a sus compañeros. Morales explicó que lo que preocupa al sector es que el control realizado por el LATU es exactamente el mismo que realizaba la Intendencia desde hace cuatro años, y «nosotros no entendemos por qué debemos pagarle a ellos; y además nos molesta la forma bastante pomposa que tienen los del LATU para hablar de sus controles de calidad, cuando en realidad la prueba que nos hacen consiste en marcar con pintura amarilla un tramo de calle, igual que hacía la Intendencia, para lo que no necesitan nada más que un tarro de pintura y un pincel».

Intimación

Sin embargo, la Intendencia de San José entiende que los trabajadores no cumplieron con el decreto del Poder Ejecutivo, que establece la obligación a los taximetristas de todo el país, de poseer el certificado de metrología de los relojes ficheros de sus vehículos que expide el LATU. Para obtenerlo deben realizar una prueba técnica y abonar 2 UR, que además, según explicó la Directora de Tránsito de la comuna, Mónica Tedesco, les es financiada en tres cuotas. El objetivo que se persigue, al practicarle el LATU el test, es darle al usuario la garantía de que paga exactamente por el trayecto que el taxi recorre, y no más.

La comuna maragata decidió entonces intimar con un plazo de 90 días a los taxistas infractores, a cumplir con la normativa ejecutiva vigente. Si los trabajadores siguieran negándose a abonar al Laboratorio Tecnológico, serán pasibles de multas y hasta se le podría suspender el permiso de conducir.