Sociedad dividida sobre la despenalización del aborto

Salvo Cuba, Barbados, Puerto Rico y Guyana, donde la interrupción del embarazo está permitida en todas las circunstancias, América Latina y el Caribe celebran el Día de la Despenalización del Aborto en condiciones similares. Mientras Chile, Honduras, El Salvador, Colombia y República Dominicana son los países más intransigentes donde el aborto se encuentra prohibido sin excepción, en las demás naciones existen situaciones atenuantes que lo admiten, cuando se presentan condiciones socioeconómicas graves, como lo establece el Código Penal en Uruguay, en caso de «angustia económica». En estos casos, la norma se flexibiliza para preservar la salud de la mujer o por malformación fetal, en la hipótesis de violación o incesto y para salvar la vida de la mujer. En la década del noventa, el aborto fue objeto de debates en las Naciones Unidas. En 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo, el Programa de Acción reconoció el aborto inseguro como un grave problema de salud pública, documento que fue suscrito por Uruguay.

Al año siguiente, el manifiesto firmado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing reafirmó el contenido de lo acordado en El Cairo, agregando la recomendación de que los países procedieran a la revisión de leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales.

En 1999, en el proceso de revisión del documento de El Cairo, el texto aprobado recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal. Finalmente, este año, el documento final de Beijing 5 incorpora íntegramente el texto del párrafo de la Plataforma de Acción de Beijing, mencionando la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica de abortos inseguros.

El director de la División Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo, Miguel Fernández Galeano, manifestó a LA REPUBLICA que «el aborto es un problema de Salud Pública», aunque hay que «jerarquizar que las mujeres no quieren abortar por vocación». El problema encierra» –continuó– «temas educativos y preventivos, que deberían tratarse bajo un sistema de salud sexual y reproductiva».

El jerarca acotó que ese sistema debería abarcar educación, accesibilidad a todos los métodos anticonceptivos, atención integral durante el embarazo, parto y puerperio y menopausia».

Al tiempo que subrayó que su posición es «personal» y no «institucional», Fernández Galeano consideró que «deben jerarquizarse los derechos de la mujer».

Con relación a la jornada de hoy, creada a partir del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe –aunque hace más de 20 años que las mujeres latinoamericanas se reúnen por derechos sexuales y reproductivos– el jerarca comunal indicó que «la despenalización es hacer que se mantengan desigualdades», pues sólo dejaría de ser delito pero el aborto en condiciones inseguras continuaría. «La mejor propuesta es la legalización del aborto, que garantiza la igualdad de oportunidades».

Según se estima, en Uruguay se practican alrededor de 50.000 abortos anuales, según datos aportados por fuentes extraoficiales, registrándose una cifra similar para los nacimientos: alrededor de 55.000 por año.

Incluso, en nuestro país –según encuestras de opinión conocidas recientemente– por lo menos 7 de cada 10 personas consideran que hay que tomar medidas con relación al aborto y sólo un 23% afirma que se debe mantener la actual situación.

Por su parte, sólo el 11% de los uruguayos se inclina por hacer sentir el peso de la ley vigente cerrando las clínicas clandestinas y prohibiendo la prácticas en cualquier circunstancia y el 7% se inclinar por su despenalización o legalización. El 51% restante de los entrevistados incluye a los que prefieren dejar las cosas como están, a los que piensan que habría que hacer algo pero no saben qué, a los que plantean campañas educativas de anticoncepción y los que creen que deberían ejercerse mayores controles. Por su parte, a nivel de América Latina y El Caribe, se realizan 4.200.000 intervenciones anuales.

La interrupción de un embarazo difiere según el nivel socioeconómico de la mujer. Un aborto puede costar hasta U$S 500.

El Código Penal uruguayo sancionado en 1938 –antes no estaba penalizado– tipifica el aborto como delito, pero contempla atenuantes. Sin embargo, existe una fundamentación para eximir la pena en caso de violación, que consiste en «salvar el propio honor, el de la esposa o el del pariente próximo», permitiéndose la intervención durante los tres primeros meses de gestación. Para casos graves de salud, no rige plazo establecido.

Cuando se retomó en la pasada legislatura un proyecto de ley para la despenalización del aborto ya asomaba el año electoral, circunstancia poco feliz para tratar un tema sumamente polémico. Ahora, el proyecto se encuentra en suspenso.

La diputada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Daisy Tourné dijo a LA REPUBLICA que «en la legislatura pasada el proyecto de ley –iniciativa del ex diputado del Frente Amplio Rafael Sanseviero, que sufrió modificaciones– pasó de la Comisión de Constitución y Códigos al Plenario de la Cámara de Diputados, pero de allí no avanzó. Tourné anunció su intención de presentar el proyecto nuevamente, «pero sin que fracase». Añadió que «lo ideal sería que se tratara el tema en la Comisión de Salud, pues el aborto es un tema de Salud Pública». Mientras que en Guyana la legalización del aborto entró en vigor en 1995 y desde ese año hasta 1997 la disminución de las hospitalizaciones por abortos provocados fue de 65%, se estima que las intervenciones realizadas en forma clandestina y en condiciones inseguras, constituyen la causa de una de cada tres muertes de madres en la región.