Asignatura pendiente

En el marco de la votación del presupuesto para la educación, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) y alumnos de diferentes liceos se concentraron ayer frente al Palacio Legislativo para jugar un partido simbólico entre Uruguay y Haití por el título al presupuesto más bajo de América Latina.

Una delegación de educadores mantuvo una entrevista con legisladores de las diferentes bancadas, con el propósito de hacerles llegar sus discrepancias con respecto al proyecto de ley presupuestal del Codicen y del gobierno.

Al tiempo, los sindicalistas reiteraron sus reivindicaciones. Entre ellas se incluye la demanda que se destine un 6% del Producto Bruto Interno a la educación pública, un salario docente equivalente a media canasta familiar, la detención y evaluación de la denominada reforma educativa, el pago de cuota mutual completa sin topes ni franjas y el pase libre en el transporte capitalino.

Por su parte, el diputado frenteamplista José Carlos Mahía presentó un proyecto de ley destinado a aumentar un 25% el salario de todos los docentes que trabajan en la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública, lo que incluiría mejoras a maestros, profesores de Secundaria, cargos de dirección, subdirección e inspectores, para que comience a aplicarse a partir del 31 de julio del próximo año.

El proyecto prevé la recaudación de 61 millones de dólares mediante diversos impuestos.

La propuesta, según el legislador, podría ser financiado con recursos procedentes de un aumento del Imesi a los cigarrillos, mediante lo cual se recaudarían 26 millones de dólares. Por otra parte, se propone la creación de un tributo a los autos 0 kilómetro, que podría generar 15 millones de dólares adicionales, un gravamen a la venta de los artículos suntuarios (joyas, pieles), de lo cual se obtendrían 8 millones de dólares y un 0,1% del Impuesto a Primaria, que generaría 12 millones de dólares adicionales.

Pese a que la iniciativa en materia de aumentos del gasto es potestad privativa del Poder Ejecutivo, Mahía aspira a que el Frente Amplio la haga suya para luego lograr un acuerdo con el gobierno. La mejora prevista tendría un costo de U$S 60 millones anuales.

«Esta es una iniciativa natural tendiente a que el Uruguay le pague una deuda moral a los docentes de este país, haciendo una apuesta, como se dijo en las elecciones pasadas, a la educación», afirmó el legislador.

El parlamentario de Asamblea Uruguay sostuvo que «la mejor apuesta es empezar por mejorar la calidad de vida y los salarios de los docentes».

Mahía puntualizó que la financiación del emprendimiento no proviene de Rentas Generales y «por lo tanto no van a ser impuestos generales para toda la población ni un gasto general para el Estado».