Retrasan fallo judicial

Los oficios respectivos salieron ayer del juzgado con un plazo perentorio de 72 horas para contestar. El galeno deberá presentarse nuevamente la próxima semana ante la magistrada Fanny Canessa.

El médico fue denunciado por una mujer a la que pretendió cobrarle U$S 180 para practicarle un aborto en las instalaciones del Hospital Elbio Rivero, dependiente de Salud Pública. La paciente sostuvo en la sede judicial que «no llegó a pagarle porque la intervención no fue satisfactoria y debió ser intervenida por otro ginecólogo del mismo hospital».

La Justicia logró probar que el profesional acusado pretendió cobrar una intervención quirúrgica mientras estaba de guardia. Autoridades ministeriales afirmaron que «está prohibido cobrarle a los pacientes que cuentan con cobertura médica total en los hospitales públicos». La investigación por la posible existencia de una clínica abortiva en ese hospital, de la cual se responsabilizaba a este ginecólogo, surgió después de que un hombre denunciara lo que le había ocurrido a su compañera. En su momento se entabló una polémica pública entre el director del hospital, Mario Gomensoro y el médico forense Héctor Volonté, quien cumpliendo una orden judicial había retirado un cierto número de historias clínicas de la administración del hospital para investigar el número de legrados realizados allí. Gomensoro acusó a su colega de «llevar adelante una campaña de tipo político contra él y contra el hospital» y el ex ministro de Salud Pública, Raúl Bustos, ordenó una investigación administrativa que «no encontró irregularidades». A raíz de este tema, Volonté fue despedido de su cargo como médico de familia en el MSP.

Por su parte el ginecólogo tiene su suerte judicial muy comprometida, ya que también enfrenta una denuncia radicada en el juzgado penal de 2º Turno por una presunta «omisión de asistencia» en el caso de una bebé que fuera dada por muerta al nacer, que sin embargo sobrevivió quince días.

La Justicia comprobó lo que durante meses negó la Dirección del Hospital de Maldonado y el propio Ministerio de Salud Pública. Una junta pericial, presidida por el médico Guido Berro, responsable del Instituto Técnico Forense, dictaminó que el ginecólogo en cuestión incurrió en omisión de asistencia en el caso de una bebé nacida en el hospital Elbio Rivero, que luego falleciera en el Pereira Rossell.

El caso conmocionó al departamento a mediados de 1999 cuando la esposa de un funcionario policial fue internada de urgencia para un parto espontáneo y fuera de tiempo. Aunque muy débil nació una niña que casi inmediatamente fuera declarada muerta por el médico interviniente.

Así se le informó a los padres que reclamaron a viva voz para verla porque habían sido informados que la pequeña aún estaba con vida. Y así era. Siete horas después del parto la niña fue traslada al CTI del Hospital Pereira Rossell, donde a pesar de los cuidados que recibió, falleció una semana después a raíz de una insuficiencia respiratoria.

En este caso, el juez Daniel Tapié aún no se ha expedido, pero si el médico resultara procesado en ambas circunstancias inevitablemente irá a la cárcel.