Impulsan en Canelones una "justicia privada" por falta de magistrados

Silvia Yozzi, integrante de la asociación de juristas costeros, indicó a LA REPUBLICA que la referida situación «comenzó hace un año como consecuencia de un sumario administrativo que se le instruyó al juez Letrado Penal de la Costa», el doctor Luis Delfino, quien en una primera instancia «fue suplido por la jueza de Paz de la Costa».

La solución «primaria» –indicó la abogada– «generó un nuevo problema que fue dejar vacante el Juzgado de Paz, y esa sede judicial es suplida en forma alternada –15 días cada uno– por los jueces de otras jurisdicciones de la costa. Lo que en un prinicipio implicaba la problemática de una sede, se transformó en la problemática de cuatro sedes», destacó la abogada.

Yozzi comentó que «el juez suplente es a su vez titular de otra sede, por lo cual es prácticamente imposible atender en forma correcta ambas sedes judiciales. Los jueces son personas y se agotan. Como consecuencia, hay quienes solicitan licencias médicas, y así seguimos sumando casos puntuales que provocan una suerte de desabastecimiento de jueces en la zona», consideró.

Según indicó, el Juzgado Penal de la Costa «durante este último año ha tenido 11 jueces ejerciendo la suplencia alternada de zonas que no corresponden a la costa», mientras que en el Juzgado de Paz «las audiencias se fijan tarde y muchas veces no se toman porque el juez titular está en otra sede tomando otra audiencia. A veces vamos al juzgado y no saben quién es el juez a cargo», aseguró.

Mientras tanto, la doctora Beatriz Risso –presidenta de la citada asociación de profesionales– expresó que el servicio de administración de Justicia «no creció en la misma proporción que la población de la zona, lo cual trajo como consecuencia que ese servicio no se puede prestar con idoneidad».

Subrayó que mientras que en Montevideo la fijación de fechas de audiencia por divorcios demora un mes, actualmente en Ciudad de la Costa «dan fecha para junio de 2001. En términos generales, allí se demora ocho veces más que en la capital, observó, tras lo cual aclaró, que los funcionarios judiciales «realizan todo su esfuerzo».

Reclamos a la Corte

Risso manifestó que la Asociación de Abogados «concurrió en tres oportunidades a la Suprema Corte de Justicia» para buscar soluciones a este tema. «El pasado 30 de junio tuvimos la promesa verbal por parte de la Corte de que su objetivo es mejorar el servicio mediante el pedido de cuatro juzgados letrados».

Sin embargo, ese punto «no está plasmado en esos términos en el proyecto de Presupuesto».

Por su parte, el abogado Fernando Crosa advirtió que «el Código General del Proceso prevé una instancia de justicia privada para las materias que no son de orden público». Explicó que de acuerdo a la misma, «dos partes se pueden poner de acuerdo para designar un juez que dirima el caso que hay entre ellas».

«En Uruguay prácticamente no se ha dado, pero es un alternativa viable y que está legislada», dijo Crosa, destacando que la misma sólo comprende «materia civil y comercial». De todos modos, afirmó que «lo ideal sería que el juez dirima el conflicto de acuerdo al derecho».