Personas discapacitadas ingresarán como funcionarios del BSE

Por primera vez desde que se reinstauró la democracia, personas con cierta discapacidad ingresarán masivamente a un ente público, amparadas en la Ley 17.216, que determina que el 4% de las vacantes de funcionarios públicos debe ser cubierto por personas con discapacidad.

Doce personas con capacidades diferentes de entre 18 y 25 años, escogidas entre treinta, tras un exigente concurso de audición y dicción, comenzarán a desempeñarse en breve, como telefonistas informantes en el Banco de Seguros del Estado (BSE).

Las autoridades de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y otras organizaciones que nuclean a personas con capacidades diferentes, consideraron que esta iniciativa «es un paso adelante» y consideraron «digna de destacar por lo que implica de futuro»

La Ley 14.106 de 1973, establecía que el 2% de los cargos presupuestados o de contratación de la administración pública, podrán ser provistos sin necesidad de atender a la norma que tutela el ingreso a la misma, cuando dichos cargos adolezcan de defectos físicos debidamente comprobados.

Mas tarde, en abril de 1974, la Oficina Nacional del Servicio Civil hizo un llamado a concurso para cubrir las vacantes que existían en la Administración Pública, posibilitando el ingreso de aproximadamente 150 personas con capacidades diferentes.

«De todos modos en aquella ocasión hubo gente que se avivó porque de los 150 ganadores del concurso, cuando se presentaron a solicitar su ingreso se encontraron con que sus puestos estaban ocupados por personas que no tenían absolutamente ninguna discapacidad», señalaron.

Posteriormente en 1989 fue derogada la ley sustituyéndose por la 16.095 en la cual, el artículo 42 ampliaba el porcentaje de 2 a 4% de personas con discapacidad que debían ingresar a puestos públicos.

«La Intendencia de Tabaré Vázquez ese año realizó un concurso ingresando una cantidad importante de personas con capacidades diferentes. A partir de allí comenzó una lucha permanente con otros organismos públicos para hacer cumplir la ley», explicaron nuestro interlocutores.

El 24 de setiembre de 1999, se promulgó una nueva ley sobre el tema, la 17.216, reglamentada por el Poder Ejecutivo el pasado 4 de enero en la que se establecía que no sólo se respetara el porcentaje establecido sino que el no cumplimiento de tales disposiciones, podría merecer hasta el cese de los funcionarios que tenían que ejecutar dicha normativa.

En ese marco es que el BSE realizó un concurso entre treinta personas con capacidades diferentes de entre 18 y 25 años.

La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, tiene registradas unas 1.000 solicitudes laborales, de las cuales el 45% es de personas mayores de 30 años, dificultando aun más su posterior inserción en el medio laboral», señalaron voceros de la Comisión.