Techo para los pobres

El presidente de la Cámara del Bien Raíz, José Argul, afirmó que de aprobarse el artículo 18 del proyecto de ley en el Parlamento de los sectores mayoritarios del Partido Colorado, se quitará a los propietarios perjudicados por el RAVE (Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia), el derecho de ser indemnizados por lo que consideró una «expropiación» de las viviendas.

El proyecto que determina el cese de los juicios contra el Estado, fue calificado por Argul como una «verdadera confiscación» en detrimento de los propietarios que tienen inquilinos inscriptos en el RAVE.

Recordó que, legalmente, el Banco Hipotecario está obligado a construir viviendas para ese segmento poblacional.

Reafirmó que la clausura de cualquier querella es una potestad constitucional del Poder Judicial. En la iniciativa parlamentaria, «quien decide en cambio las contiendas en trámite no es la Justicia sino el propio Parlamento, en un acto de grosera sustitución».

El presidente de la CBR propuso una alternativa para solucionar el problema de quienes esperan –desde hace años– que el Banco Hipotecario les entregue una vivienda.

Indicó que el BHU debería tomar en consideración que la simple custodia –para evitar ocupaciones ilegales– de unas 600 viviendas que se encuentran a la venta en Montevideo, le significan un costo superior a los 150 mil dólares mensuales. «Asusta verdaderamente que el costo en el período de gobierno de cinco años, ascenderá a la suma de 9 millones de dólares», afirmó Argul.

El directivo propuso que se entreguen esas viviendas vacías a jubilados, pensionistas o inscriptos en el RAVE, ya que es una obligación que tiene el Estado.

Consideró esencial lograr una depuración en el registro del RAVE y adjudicar temporariamente a quienes queden en esta lista, las viviendas que no son utilizadas y cuya custodia le saldrá al Banco Hipotecario más barato que contratar un servicio de vigilancia.

«Esta es una forma de paliar la situación habitacional hasta que el BHU construya con el dinero ahorrado, las viviendas correspondientes a estas personas», explicó.

Enfatizó que la demora en la construcción de soluciones habitacionales para los usuarios del RAVE, afecta tanto a los inquilinos como a los propietarios, que en su mayoría son personas de bajos recursos.

Libertad amenazada

Sobre el proyecto de ley elaborado por el Partido Colorado que prohíbe iniciar juicios contra el Estado a propietarios con inquilinos inscriptos en el RAVE, afirmó que se trata de una propuesta «inconstitucional, porque le saca potestades a los jueces, y convierte al titular de la propiedad en ciudadano de segunda clase, ya que se ve impedido en conseguir una indemnización por un perjuicio que se extiende en el tiempo».

«La indemnización no es caprichosa, ya que sólo contemplaría las diferencias de alquileres generadas en el período que va de las inscripción en el RAVE hasta la entrega definitiva de la vivienda», destacó el titular de la cámara que nuclea a los propietarios.

Argul señaló que «no se reclama daño moral ni perjuicios sino diferencia de alquileres».

Aseveró que la cantidad de juicios contra el Estado no supera unos pocos cientos de casos. Según argumentó, esta situación motivó que determinados jerarcas públicos «con total desconocimiento del asunto, hayan situado las cifras indemnizatorias en varios millones de dólares. Incluso, se afirmó que cada demanda implicaría un costo para el BHU de 40 mil dólares».

«¿Cómo asusta pagar uno, cuatro o más millones de dólares cuando en un período de gobierno se gasta más de 9 millones de dólares en vigilancia montevideana?», enfatizó José Argul.

La controversia por el RAVE comenzó el año pasado, cuando fueron presentadas varias iniciativas legislativas para eliminar el registro actualmente bajo la responsabilidad del Banco Hipotecario, depurarlo y pasando a la órbita del Ministerio de Vivienda. Las iniciativas no prosperaron.

La mayoría de los inscriptos son pasivos.