Usuarios del MSP del Interior podrían pagar por asistencia

Georgina Mayo

Ante la posibilidad que los nosocomios sean gestionados y administrados por entidades privadas tal como expresa el Presupuesto de Salud Pública –en el Interior FEMI es la estructura más poderosa en cuanto a servicios– «se deberá estudiar qué usuarios son indigentes y quiénes se benefician del carné de asistencia gratuito sin pertenecer a dicha franja poblacional. El que pueda tendrá que pagar algo», dijo a LA REPUBLICA el presidente de la Federación que nuclea a las cooperativas médicas del interior del país, Italo Mogni. Agregó que «hay que volcar los recursos en los más necesitados, pues muchos de los carnés gratuitos se entregan debido a intereses políticos».

Desde otra óptica, una fuente consultada por LA REPUBLICA sostuvo: «La Federación Médica del Interior procura el monopolio de esa zona del país mediante el convenio que podría celebrar con el MSP para administrar los hospitales del Interior».

La fijación de las reglas del mercado y el no avance del mutualismo de Montevideo hacia el resto del territorio «son los objetivos de la FEMI, que desea mantener el liderazgo y obtener mayor ‘fuerza’ con la administración de los hospitales», afirmó una fuente consultada, que prefirió permanecer en el anonimato ante la eventualidad de ser sancionado o sumariado por realizar declaraciones.

El EP-FA analizará, en tanto, «si la transferencia de la administración de los hospitales al sector privado tiene algún compromiso constitucional», dijo a LA REPUBLICA el senador Alberto Cid, quien precisó que los legisladores Daniel Díaz Maynard, Jorge Orrico y José Korzeniak estudiarán si la iniciativa del artículo 236 del Presupuesto es inconstitucional.

El presidente de la Federación Médica del Interior aclaró que la iniciativa «es una acción de la secretaría de Estado que surgió, además, de la Presidencia de la República y no de FEMI».

Mogni admitió que el convenio con las entidades privadas en el Interior del país, como expresa el artículo, se encuentra vinculada con FEMI, que en el Interior constituye la estructura asistencial «más fuerte y con mayor infraestructura».

Al tiempo que el senador del EP-FA Alberto Cid consideró que la transferencia de la gestión le parece «horrible, pues significa que el Estado no tiene capacidad para administrar», Mogni negó que Femi «pretenda el monopolio, aunque no puede dejar de alcanzarse un convenio de esta naturaleza que acortaría diferencias entre la asistencia pública y la otorgada por FEMI por el solo hecho de no brindar más poder a nuestra entidad». «Creemos que la atención es lo primero y nuestro tomógrafo, por ejemplo, ya no servirá sólo a los 20.000 afiliados de una cooperativa determinada, sino también a los usuarios de Salud Pública».

No obstante, Cid destacó que «el problema esencial no es la gestión, sino los bajos salarios, la imprevisibilidad en los pagos y que en Salud Pública no se llega al 2% de la inversión que realiza el país en esta materia». El presidente del FEMI opinó, a su vez, que «en el texto del presupuesto no se aclara qué pasará con los funcionarios y las potestades de cada parte. Es decir que existen varios puntos a aclarar, entre ellos la diferencia de recursos que redunda, como hasta ahora, en la falta de medicamentos en distintas unidades ejecutoras». De acordar con Salud Pública, FEMI podrá vender servicios a los hospitales, «a mejores precios que hasta el momento, pues no se realizarán licitaciones», explicó Mogni.

Si los diputados Luis José Gallo (EP-FA) y Gustavo Amen (Foro Batllista) manifestaron su desacuerdo con la posible transferencia de gestión, Mogni subrayó que «la administración por parte de FEMI sería el único camino para mejorar la calidad de atención en el Interior del país».

Voces en contra

Por su parte, Gustavo Amen dijo a LA REPUBLICA que la idea del MSP significa «privatizar», pues «el Estado es el que debe prestar la asistencia a la población a través de los hospitales». «Le entregarán un muerto», entendió una de las fuentes consultadas, refiriéndose al eventual gestionamiento de los hospitales que pueda asumir la federación Médica del Interior.

Por su parte, la Federación de Funcionarios de Salud Pública también se pronunció contra la propuesta del MSP. El secretario general del sindicato que nuclea los trabajadores de Salud Pública, Wilson Lluberas, sentenció que «el presupuesto no resuelve la redistribución del gasto en salud (del 10% del PBI destinado a esta área sólo 1,5% deriva en Salud Pública) ni el aumento salarial para más del 80% de los funcionarios que perciben entre $ 3.000 y $ 4.000. Lluberas consideró que «el MSP no se anima a definir el tema del financiamiento con una redistribución más equilibrada del PBI, pues se atienden más pacientes en Salud Pública que en el mutualismo».