Estafador inmobiliario

J. Goicoechea

El procesado realizaba publicaciones en un suplemento de avisos clasificados de vasta circulación, ofreciendo el alquiler de apartamentos. En el texto, consignaba las comodidades del inmueble y el teléfono de su domicilio.

Al tomar contacto con los interesados, les mostraba el inmueble, les solicitaba como seña el valor del importe de un mes de arriendo como forma de asegurarles el alquiler del mismo y después, con diferentes excusas, no cumplía lo pactado y desaparecía, reapareciendo en otra dirección.

Así fue como múltipes personas que resultaron engañadas por las maniobra de la «inmobiliaria trucha», comenzaron a formular las denuncias correspondientes ante la sede penal.

Al iniciarse la investigación, el propio imputado confesó la maniobra ante el juzgado. En sus testimonios recogidos en la sentencia a la cual tuvo acceso LA REPUBLICA, el falso operador inmobiliario explicó que su idea «era hacer un listado con la gente que me llamara, mostrarles mi apartamento, sacar reservas muy chicas, que andaban entre los $ 500 y $ 1.000 y llegado el momento decirles: no, mirá ese apartamento no sale».

Agregó, además en su declaración, que las excusas que tenía eran tres: «Una era que no salía el negocio porque las garantías eran malas, y tengo conocimiento que el mercado está inundado de garantías compradas; otra respuesta era que yo le planteaba a la gente que el apartamento iba a quedar libre si se hacía una rescisión de contrato, que había contrato hasta el mes de agosto, pero que se iba a hacer una rescisión. La tercer respuesta era decirle ¿saben una cosa?, les conseguí algo mejor, un poco más caro pero con mayor comodidad».

Estas declaraciones del imputado hicieron, a criterio del magistrado, que la responsabilidad penal se viera atenuada por la confesión.

Las maniobras se realizaron en el año 1998, a través de una inmobiliaria denominada «Consultoría». El propietario imputado, al constatar la serie de denuncias en su contra, viajó a Buenos Aires. Allí estuvo tan sólo seis meses y regresó a nuestro país para volver a realizar la misma maniobra. En este caso, tomó como empleada a la hermana de su pareja, quien desconocía la actividad ilícita del encausado.

Entre las «víctimas» de la maniobra fraudulenta, se encuentra una joven pareja de novios que concurrió a la oficina donde estaba radicada la presunta inmobiliaria. Allí fueron atendidos por una persona que dijo llamarse «Carlos» y ser el administrador. Este les mostró un inmueble que les interesó, les pidió una suma de $ 3.000 por concepto de «boleto de reserva de propiedad». Sin embargo, nunca recibieron la propiedad.

En otro de los casos denunciados, un padre acompañó a su hija, que deseaba arrendar un apartamento, el cual le fue mostrado por personal de la oficina del encausado. Se le exigió a los interesados una entrega inicial por concepto de seña y cuando intentaron comunicarse con la «inmobiliaria» advirtieron que nadie estaba ya a cargo de la oficina.

Otra interesada por el aviso clasificado llamó al teléfono que allí figuraba y concurrió a una oficina de la calle Canelones 1529. Allí fue atendida por la hermana de la pareja del imputado, que la llevó a ver un apartamento en Durazno y Barrios Amorín que estaba ocupado por una mujer embarazada. La finca le agradó a la persona por lo que, ya en la oficina, pactaron la suma a pagar por adelantado. El interesado entregó $ 9.200 en cheques por concepto de honorarios y trámites a realizar, pero nada más se supo de los responsables de la transacción.

Un joven que procuraba arrendar una vivivienda, se comunicó con el imputado, quien lo llevó a ver un apartamento en la calle Durazno 1485. Allí el encausado le solicitó una comisión de $ 2.000 y cinco meses de alquiler como depósito. Ante ello, el promitente arrendatario solicitó un préstamo en Cossac pagadero en doce cuotas de $ 1.331, que le sería descontado de su salario. Le abonó la suma al sujeto procesado, pero no logró nunca ocupar la vivienda ni entablar nuevos contactos con el operador «trucho».