Contra la privatización

Tanto funcionarios como pasivos están impulsando esta propuesta, porque consideran que los pagos se deben continuar realizando en las oficinas del organismo previsional.

Fuentes de la asociación de trabajadores confirmaron a LA REPUBLICA, que la descentralización le costará al BPS «el doble de lo que sale pagar en nuestros locales».

Citando ejemplos concretos para sustentar dicha afirmación, los voceros consultados destacaron que de los datos enviados por funcionarios de Salto, surge claramente que el costo de la gestión en ese departamento es de $ 6,75 por recibo pagado, mientras que con el nuevo sistema propuesto por las autoridades el mismo costo será de aproximadamente U$S 2. Mientras tanto, en Tacuarembó, donde al costo de gestión debe sumarse el alquiler del local en que se trabaja, la suma calculada por recibo es de $ 11.

Explicaron, además, que los gastos de descentralización en todo el Interior alcanzarán a U$S 5.100.000 anuales, lo que se sumará al ya abultado déficit que soporta la institución. «En dos años, las empresas privadas le han cobrado al BPS más de U$S 60 millones y si seguimos sumando, la situación financiera del banco se agravará», expresaron las fuentes que promueven la recolección de firmas.

Por su parte, Elías Yafalian, secretario de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) señaló que la descentralización que viene llevando a cabo el organismo » es una falta de respeto a los pasivos».

Al respecto, manifestó que el costo de este nuevo sistema » va en contra de la política económica del gobierno, que apunta al recorte del gasto público». En ese sentido, el dirigente no descartó la posibilidad de elevar un planteo formal al presidente Jorge Batlle, para lograr la anulación de la medida.

Yafalián informó que se está trabajando intensamente en la campaña de recolección de firmas que ha iniciado la ATSS, anunciando que el próximo lunes, la Onajpu entregará una carta al directorio del BPS solicitando que se reconsidere la descentralización.

Como informó LA REPUBLICA, este sistema de pagos tercerizados se irá aplicando paulatinamente a partir del próximo mes, culminando en noviembre, cuando todos los pasivos del Interior cobrarán a través de esta nueva modalidad. Este plan de descentralización incluye, también, el cierre de los locales de pagos en los departamentos del Interior.

Por esta razón, la agremiación de funcionarios ha inicado una campaña para evitar que que el proyecto sea puesto en marcha. Las movilizaciones se iniciarán en los próximos días, con el comienzo de la recolección de firmas de jubilados y pensionistas en todo el país. Las papeletas estarán a disposición de los interesados, en los locales de las organizaciones de pasivos. Asimismo, se ha dispuesto una modalidad de trabajo diferente para el Interior, recolectando las firmas directamente en los locales de pago cuando se abone el presupuesto del mes de julio.

La totalidad de las rúbricas recogidas serán entregadas en agosto al presidente del directorio del BPS, conjuntamente con una nota en la que se pedirá la reconsideración de esta resolución. En la medida, se manifiesta que la descentralización les «impone compulsivamente» el cobro de haberes en locales ajenos al Banco y se fundamenta que las dependencias del organismo son adecuadas a las necesidades y han cumplido a satisfacción con el servicio.

En estos momento, varios abogados se encuentran estudiando otras posibles vías para la anulación del proyecto de descentralización, no descartándose la presentación de un recursos de nulidad ante las autoridades competentes.