La quimera del techo

Los cooperativistas se concentrarán a las 18 horas frente al Obelisco, para marchar hasta el monumento a los Pioneros de Rochdale. En tanto, para mañana está previsto la realización de una asamblea nacional, en el salón comunal de la cooperativa Juana de América, ubicada en Camino Maldonado y Florencia.

El presidente de Fucvam, Víctor Fernández, afirmó que la plataforma reivindicativa de los cooperativistas incluye los puntos que conforman la propuesta presentada dias atrás al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), para el próximo Plan Quinquenal.

El documento expresa que el objetivo es promover la construcción de 5.000 unidades habitacionales por ayuda mutua destinadas a satisfacer las necesidades de sectores sociales urbanos con ingresos familiares entre 20 y 60 unidades reajustables, manteniéndose el mismo sistema de pago de créditos. La unidades representarían un 25% del total previsto por la cartera de Estado para este quinquenio.

En cuanto a los sectores con ingresos inferiores a las 30 unidades reajustables, se propone un pago de 2 unidades reajustables durante 5 años, por entender que esto permitiría «superar la actual situación de injusticia, ya que parecería un castigo el hecho de ser cooperativistas». «No escapa al conocimiento del Ministerio que en el quinquenio pasado, la no previsión de esta modalidad en el plan respectivo, trajo consigo numerosas dificultades y no pocos enfrentamientos. Unas 1.500 soluciones se lograron a través del sistema, quedando en ejecución otras 850 y comprometidas unas 500 más», expresa el documento. El movimiento cooperativista entiende que, debido a la magintud del número de cooperativas actualmente en proceso de tramitación de préstamos ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente y el Banco Hipotecario del Uruguay, es necesario la elaboración de un cronograma de libramiento de fondos que habilite la construcción de un número significativo de viviendas cooperativas.

Fucvam entiende que a la hora de elaborar el plan quinquenal, deben ser contemplados aspectos económicos e institucionales tendientes a lograr un mayor eficacia en política de viviendas. Para ello, se propone los subsidios directos sobre la obra, tal como gozan otras soluciones propuestas por el Mvotma, y un cambio de la normativa en cuanto a los trámites que deben realizar la cooperativas, «buscando una mayor agilidad que evite que miles de personas abandonen el sistema y vayan a engrosar los asentamientos irregulares del cinturón de la ciudad».

En materia de política de tierras, se aboga por la creación de un plan nacional, en coordinación con los municipios y organismos del estado que poseen tierras sin habitar, definiendo las áreas urbanizables. «A su vez», señala el documento, «se deberán establecer reglas de juego claras para el acceso a esas tierras, evitando la suspicacia respecto a los favores políticos y tomando en cuenta elementos de planificación necesarios para evitar inconvenientes en la inserción de grupos numerosos en zonas no previstas para ello».

Sobre el particular, Fernández manifestó su temor de que la creación de una cartera de tierras se utilice con fines políticos.

«Estamos reclamando una cartera de tierras con un acceso cristalino. Es decir, que la tierra y la vivienda no sean un favor político para que pasen a ser, realmente, un derecho. No estamos hablando por esta administración, sino para el futuro. Sabemos que la vivienda siempre ha sido un motivo de clientelismo político», indicó. Otro de los puntos contemplados, señala la necesidad de implementar mecanismos de control en las cooperativas y la actividad de los Institutos de Asistencia Técnica (IAC), teniendo en cuenta que, en los últimos años, dichas entidades fueron protagonistas de hechos no muy claros, denunciados en su momento por los cooperativistas.

Se denunció que «durante todos estos años, han operado verdaderas constructoras a través del sistema de ayuda mutua, estafando a la gente, desvirtuando el cooperativismo, aprovechando las exoneraciones del Banco de Previsión Social, dejando deudas imposibles de pagar».

En cuanto al rol que debe jugar el BHU los cooperativistas denunciaron que pese a que en los últimos diez años el organismo ha estado recibiendo la cuotas de repago de las categorías II y IIA», definidas como las categorías de hasta 60 U.R. de ingresos que atiende el Ministerio de Vivienda, «esos dineros no han sido volcados para la construcción de viviendas para los sectores de menores ingresos, sino para aquellos que superan las 60 UR».

Asimismo, la Federación exige ser parte integrante de una comisión asesor, prevista en la ley, a los efectos de tener injerencia sobre la marcha de los planes de vivienda.

«La más alta demanda sigue estando en la población que tiene más dificultades para acceder a los créditos. El país ha invertido mucho y no han encontrado las soluciones. Esto sucedió porque la política de vivienda ha estado mal dirigida, haciendo uso de favores políticos en muchos casos o de hablar de soluciones habitacionales al barrer en las campañas electorales», enfatizó Fernández.