Una década de atraso

La comisión que trabajó en la redacción de la iniciativa reafirmó ayer su apoyo a esta nueva instancia, al tiempo que consideró que el proyecto es perfectible, siempre y cuando se respete el espíritu del texto.

Hace cinco años se integró este grupo de trabajo, conformado por personalidades de distintos ámbitos que tuvieran relación con el niño y el adolescente. En ese marco, se elaboró un proyecto sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia, que obtuvo sólo media sanción.

Ayer, en la sala Picasso del Radisson Victoria Hotel, un panel integrado la doctora Jacinta Barbela, quien contribuyó a la redacción del proyecto, la abogada Mabel Rivero de Arhancet, Paula Aintablian, representante de la Asociación Nacional de ONG, la delegada de Unicef para Uruguay, Sonia Eljach, el doctor Ricardo Pérez Manrique, Ronald Herbert, presidente del Colegio de Abogados del Uruguay y el presidente del Iname, Julio César Saettone, hicieron público un repartido con algunas consideraciones.

Sujeto de derecho

Barbela explicó que el proyecto abarca la regulación de la situación de la niñez y adolescencia en nuestro país, comprendiendo –según nuestra Constitución– a todos los que habitan el territorio nacional.

Explicó que la norma «sustituye el enfoque que durante más de medio siglo una normativa les aplicó a los niños y adolescentes, tratándolos como objetos».

Esta sustitución que propone el proyecto «transforma la situación jurídica del niño, de objeto de derecho a sujeto de derecho, con todos los derechos y obligaciones que tiene la persona humana».

La jurista dijo que el proyecto se basa en la eliminación de ese viejo sistema y en la adecuación de los principios sostenidos, como consecuencia de profundos estudios que realizaron los técnicos internacionales en Naciones Unidas, plasmados en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay por la Ley 16.137 del 28 de setiembre de 1990.

Uruguay presentó su primer informe al Comité de los Derechos del Niño recién en octubre de 1996, recibiendo una observación por no haber adaptado su legislación interna a la Convención.

«Uruguay, en estos momentos, está en una situación difícil por no haber hecho esa adaptación. Precisamente, para subsanar este inconveniente, es que se crea una comisión de carácter multisectorial para redactar este proyecto».

Según Balbela, nuestro país «está en deuda con el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y no es bueno que aparezca en el concierto internacional faltando a un deber tan primordial como es el derecho de nuestros niños».

Posteriormente, Jacinta Balbela emitió un mensaje que la comisión elaboró, con el ánimo de contribuir de manera constructiva a la tarea del Parlamento.

Al respecto, la comisión ratificó su apoyo al proyecto original que obtuvo media sanción en la Cámara de Representantes, recordando que fue fruto de una amplia discusión entre la sociedad civil y actores públicos, logrando un importante consenso social. Reiteró que el proyecto adecua nuestra legislación a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, añadiendo que reconoce a los niños y adolescentes como sujetos de derechos y obligaciones.

Manifestó que el texto consagra la protección integral del niño y el adolescente, mediante un sistema de garantías que aseguran el debido proceso en todas las instancias civiles, laborales y penales.

En tanto, en el ámbito civil, se plasma la regulación impostergable de las relaciones que crea modernamente la filiación biológica y jurídica: el priorizar los vínculos biológicos, el derecho a saber quiénes son sus padres, a ser oídos, la obligación de los progenitores a reconocer los hijos propios, cualquiera sea su estado civil, el derecho de la madre a reconocer a sus hijos, cualquiera fuera su edad, la eliminación de los términos sacramentales para el reconocimiento de los hijos, como postulados más significativos.

En relación al ámbito penal se expresa que las garantías que rodean la imputación de los infractores, adolescentes de catorce a dieciocho años no cumplidos y la regulación de las situaciones de derechos amenazados de niños y de los adolescentes no infractores, conforman un sistema que combinado con las política sociales a cargo del Estado, significan el mejor desafío para lograr la respuesta legislativa más adecuada de los problemas actuales de la niñez y adolescencia.