El sida en las cárceles es "una bomba biológica"

El convenio entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio del Interior para asistir a los reclusos portadores de VIH, prácticamente no funciona al punto de ser calificado como «simbólico».

Autoridades ministeriales, que prefirieron no identificarse, dijeron a LA REPUBLICA que «medicar a la población carcelaria es muy difícil por encontrarse en un lugar complejo donde no es factible la adherencia al Triple Plan o Terapia Antirretroviral». En la población civil, la tasa de abandono –que se considera alta– alcanza al 27% según cifras oficiales, por lo que se estima que en los centros carcelarios ese porcentaje es aún mayor.

«Medicar a los reclusos de vez en cuando e interrumpir la terapia, constituye un peligro no sólo para sus organismos sino para toda la comunidad», se explicó.

Para las autoridades consultadas de la cartera de Salud Pública, la población carcelaria conforma «una bomba biológica», pues allí es poco posible continuar con el Triple Plan, debido a las condiciones, a la falta de personal y al lugar donde se encuentran los reclusos.

«Si la terapia se ve interrumpida aparecen resistencias a la medicación y las cepas resistentes podrían trasladarse en algunos años al resto de la comunidad no carcelaria», dijeron las fuentes.

Por su parte la directora del Programa Nacional de lucha contra el Sida, Margarita Serra, indicó a LA REPUBLICA que la medicación se brinda en la cárcel de mujeres, donde la adherencia es mayor que en los centros penitenciarios masculinos.

En cuanto a la experiencia internacional para medicar reclusos, Serra explicó que en el mundo también es muy complicado, pues se tiene que llevar adelante la medicación observada, en forma similar a como se hace para tratar la tuberculosis. El médico le administra la medicación al paciente directamente, y si es necesario se coloca la misma en la boca de éste, comentó.

Sin embargo, la jerarca advirtió que para ello existen dificultades «debido a la insuficiencia de personal» y agregó que «implementar este mecanismo es muy difícil».

Acerca del acuerdo entre el Ministerio del Interior y el MSP, comentó que esta última cartera «tiene que enviar médicos para entrenarse en el Servicio de Enfermedades Infecto Contagiosas. Creo que en el momento asisten uno o dos médicos al Servicio», señaló Serra.

«Se investigará»

Varios reclusos del Penal de Libertad (quienes cumplen hoy siete días de huelga de hambre, aunque de los 339 que iniciaron la medida muchos ya la abandonaron), denunciaron la semana anterior a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, mediante una misiva, que el personal técnico vacunó contra la gripe a la población de dicho establecimiento, empleando sólo dos jeringas. «Si esto sucedió habrá una investigación», dijo a LA REPUBLICA el subsecretario del Interior, Daniel Borrelli.

La situación carcelaria fue considerada ayer en la Comisión de Derechos Humanos.

El diputado socialista Guillermo Chifflet se refirió a lo sucedido en el Penal de Libertad y a la vacunación contra la gripe con dos jeringas tras lo cual señaló a LA REPUBLICA que preguntará a las autoridades «dónde están los desechos de las jeringas» y adelantó que se investigará para conocer lo que ocurrió.

Chifflet advirtió que en su última visita a las cárceles, en marzo pasado, «había denuncias de presos que no son asistidos sanitariamente y que padecen sida».

Más preguntas

Chifflet, elevó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública donde interroga si la cartera posee infomación sobre la asistencia o no a los enfermos de los establecimientos carcelarios.

Inquirió, al mismo tiempo, acerca del número de enfermos de sida en cada una de las cárceles, incluido el Establecimiento para Detención de Mujeres.

Al respecto del convenio entre el MSP y el Ministerio del Interior mencionado más arriba, Chifflet solicitó a la cartera de Salud una copia del mismo, la opinión del ministerio en cuanto al cumplimiento o no del acuerdo y cuáles han sido, hasta el momento, las dificultades para su aplicación.

Según el pedido de informes, «más allá de las penas que cumplen los reclusos, la Constitución excluye expresamente la pena de muerte. Solicitamos información sobre aspectos que nos parecen esenciales, hasta en defensa de los intereses del Estado: los abogados de los detenidos están en condiciones de reclamar judicialmente las indemnizaciones que corresponden por omisión de asistencia», señala el legislador en la nota remitida al MSP.