Desalojaron "Pueblo Gitano": siete familias pobres sobreviven en la calle

Desde ayer, siete familias, incluidos niños y una persona que padece trastornos emocionales, se encuentran literalmente en la calle, luego que la Justicia los intimó a desalojar el asentamiento «Pueblo Gitano», ubicado en el kilómetro 25,500 de la Ruta Interbalnearia.

Pese a que los habitantes –personas de bajos ingresos que sobreviven como recolectores de piñas y leña– decidieron en forma voluntaria abandonar el predio, el Juzgado Penal de la Ciudad de la Costa procesó sin prisión a un integrante por el delito de «usurpación».

Ayer, la jueza Sapelli, que está a cargo de la causa, decidió no procesar a otros cuatro integrantes de «Pueblo Gitano» que se encontraban en calidad de «emplazados» por entender que fue respetado el plazo expedido por el juzgado para el desalojo, previsto para las 15 horas de este ayer.

La situación de la veintena de personas que integraban el asentamiento es angustiante, ya que entre ellos se encuentran niños, una mujer embarazada y una persona discapacitada que necesita atención médica permanente.

Ante la celeridad con que fue dispuesto el operativo y al no existir una prórroga, las personas desalojadas se vieron obligadas a pernoctar a un costado de la ruta a la altura del kilómetro 25,500 de la Interbalnearia. Allí armaron una precaria carpa, para proteger del frío a las mujeres y los niños, mientras los hombres debieron dormir a la intemperie, con una fogata apenas como única arma para combatir el frío.

El lanzamiento se produjo luego que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizó una denuncia contra las familias involucradas, ya que, en un primer momento, se pensó que el predio era propiedad de la cartera de Estado. «Se nos dijo que el terreno pertenecía al Ministerio, pero después apareció un hombre de apellido Colombino, que sería el titular del predio. Nosotros no pedimos que se nos regale nada. Estamos dispuestos a adquirir el predio si el Ministerio de Vivienda o la Intendencia de Canelones nos dan facilidades acordes a nuestras posibilidades», afirmó Sergio Rivero.

Héctor, un humilde trabajador padre de un adolescente de 13 años que concurre al liceo de Shangrilá, dijo a LA REPUBLICA que en ningún momento se les brindó una solución alternativa a las familias ni se propuso reasentarlas en otro lugar.

«Somos gente de trabajo, hoy desocupada, que nos vemos en la necesidad de sobrevivir haciendo changas. Nadie de las personas que ocuparon este terreno tiene antecedentes. Sin embargo, en ningún momento se nos dio un prórroga para encontrar otro lugar donde vivir Ahora estamos durmiendo en la calle, con nuestros hijos y una mujer que está esperando un niño», afirmó nuestro entrevistado.

Estrella Navarro, quien se encontraba en condición de emplazada, a la salida del Juzgado dijo a LA REPUBLICA que la situación es «crítica» ya que el plazo expedido para el desalojo fue de «apenas unas horas», siendo imposible conseguir un lugar donde levantar una vivienda precaria para resguardar a las familias.

El testimonio de Fabiana, hermana de una persona que padece de trastornos emocionales, es desgarrador: «Ayer (por el jueves) mi hermana sufrió una crisis y tuvo que ser internada en una policlínica, donde se le diagnóstico un fibroma y tiene un pase urgente a un hospital. Ahora, las dos estamos en la calle».

Por su parte, el abogado representante de los desalojados, Alberto Breccia, señaló que el expediente de la cuatro personas que finalmente no fueron procesados «pasó a vista fiscal». Informó que el fiscal, en la medida que la inspección ocular del día lunes arroje la inexistencia de ocupantes en ese predio, va a mantener esa situación. Es decir, no va a formular soliciud de procesamiento».

El caso motivó que el diputado del Encuentro Progresista-Frente Amplio por Canelones Esteban Pérez e integrantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) solicitaran una audiencia con la magistrada Sapelli, para encontrar una solución al tema. El pedido jamás fue respondido.