La fusión entre mutualistas depende de créditos del BROU

Para los préstamos blandos y a largo plazo de la banca oficial, el Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, deberá incluir, en el documento a aprobar en esta semana sobre el mutualismo, una cláusula de financiamiento para las mutualistas que presenten proyectos de reestructura o fusión.

Al momento, las fusiones planteadas y ya presentadas ante el MSP –Comaec y Central Médica, Midu y Oca Larghero– tienen el denominador común del ajuste en los egresos, especialmente de la masa salarial. Los acuerdos prevén la eliminación de puestos de trabajo o la disminución de las remuneraciones, como primer paso en la optimización de los recursos, aseguraron fuentes del sector. Comaec envió al seguro de paro a 56 funcionarios no técnicos y estudia hacerlo con un número similar en los próximos días.

De las otras dos instituciones en perspectiva de unirse, Midu y Oca-Larghero, la primera está en concordato y la segunda padece un importante déficit operativo. La fusión se encuentra avanzada, aunque uno de los requisitos para ella es que Midu rebaje su masa salarial al 50% (hoy alcanza el 64%), lo que supone una ardua negociación con sus funcionarios.

Una tercera IAMC, Cima, estaría en tratativas de fusión con otras mutualistas. Así lo expresó –según fuentes del sindicato de funcionarios no técnicos– el presidente del Consejo Directivo, Jaime Queirolo, a una delegación de la gremial. El dirigente habría justificado los despidos en la necesidad de preparar a la institución para la asociación con otra. Incluso, sostuvo que ese proceso implicaría aun mayores costos sociales.

De acuerdo con la información en poder de LA REPUBLICA, son tres las IAMC que iniciaron acercamientos con Cima: Servicio Médico Integral, Médica Uruguaya y Casa de Galicia.

Por otro lado, el Casmu iniciaba la discusión de medidas tendientes a ajustar su presupuesto.

Una de las propuestas presentada por la agrupación colorada del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), impulsa una rebaja del 10% en la plantilla de funcionarios no médicos. La metodología sugerida es el pasaje de personal, por seis meses, al Seguro por Desempleo, así como eliminar durante ese período cualquier complementación salarial.

Asimismo, se propone la «denuncia de todos los convenios laborales asumidos (especialmente los exclusivos del Casmu), estudiar el costo beneficio de implementar un régimen laboral de ocho horas, eliminar transitoriamente y en forma indefinida todos los beneficios económicos conveniados (alimentación, tiques y órdenes, Cafuca, etc.) tanto para técnicos como para no técnicos, con el objetivo de llegar a ‘cero beneficio sobre salarios por tiempo indeterminado'».