La falta de apoyo oficial a la pesca artesanal ya costó 20 vidas

Todo comenzó el 15 de julio de 1992, cuando la Asamblea General aprobó una ley referida a la pesca artesanal para evitar, según se dijo, la repetición de desastres como el que poco antes se había registrado también en Pajas Blancas cuando murieron en un naufragio los tres tripulantes de la chalana Pablo Daniel.

Ayer, en algunos medios parlamentarios casi ni se recordada qué dispone esa ley, de modo que es bueno reproducir textualmente sus cuatro breves artículos:

1. El Instituto Nacional de Pesca tendrá a su cargo la estructuración de un sistema que permita incorporar al permiso de pesca artesanal los elementos necesarios para conformar un equipo de supervivencia, el cual será obligatorio, acorde con las reglamentaciones de la Armada Nacional, e incluirá necesariamente equipos de radio VHF, con el fin de perfeccionar las condiciones de seguridad.

2. Establécese qué preceptiva y previamente a la concesión del referido permiso, la Armada Nacional deberá impartir, a través de sus organismos competentes, un curso de capacitación a los pescadores artesanales poseedores o aspirantes al permiso de pesca artesanal, que deberá acreditarse mediante la constancia correspondiente ante el Instituto Nacional de Pesca.

3. El Banco de la República Oriental del Uruguay asistirá financieramente a quienes reúnan las condiciones exigidas por el Instituto Nacional de Pesca, a efectos de que los interesados puedan acceder al denominado equipo de supervivencia.

4. Autorízase al Poder Ejecutivo a subsidiar hasta en un 70% el costo de los equipos de supervivencia referidos, con cargo al producido de la venta de bienes pertenecientes a la Industria Lobera y Pesquera del Estado.

  

El curso de capacitación que la ley exigía resultaba innecesario para gente que lleva toda una vida en el mar, pero aún así los pescadores lo hicieron y , por supuesto, salvaron la prueba sin problemas y con altísimas calificaciones.

Con el correspondiente certificado de aprobación, fueron al Instituto Nacional de Pesca (Inape) y allí les dijeron que el dinero que el gobierno debía aportar para financiar el 70 % del costo del equipo de supervivencia «se había gastado en otras cosas».

No hubo explicación oficial y pública acerca del destino hacia el que fueron desviados los fondos que, según la ley aprobada por la Asamblea General, correspondía a los pescadores artesanales de todo el país y hasta hoy nada se sabe al respecto.

Los pescadores iniciaron de inmediato intensas gestiones para que el Parlamento hiciera cumplir la ley que había aprobado, pero no tuvieron suerte y jamás aparecieron ni el dinero ni los equipos de sobrevivencia.

A esa altura ya se había configurado una flagrante, reiterada y gravísima violación de la ley por parte del Poder Ejecutivo, pero el Parlamento no lo llamó al orden ni puso en marcha los mecanismos constitucionales previstos para estas situaciones.

Ante la situación planteada, los pescadores, quienes de acuerdo con la ley debían pagar sólo el 30% del costo de los equipos, ofrecieron hacerse cargo del importe total si el Banco República habilitaba una línea especial de créditos con ese propósito, pero les dijeron que no y allí murió todo.

La necesidad

Nadie hizo absolutamente nada para remediar esta situación y mucho menos el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuya negligencia en este aspecto ha sido denunciada reiteradamente por integrantes de todos los sectores políticos.

Víctimas de la violación de una ley que en teoría debía beneficiarlos, los pescadores siguieron trabajando con precarios elementos de seguridad, porque no podían hacer otra cosa:

«Se siguió saliendo al mar, porque debemos ganar el jornal y si nos quedamos en tierra esperando que lleguen los equipos que nos prometieron hace ocho años, nos morimos de hambre», dijeron ayer a LA REPUBLICA en Pajas Blancas los pescadores Francisco Savedra, Ruben Grajales, Juan Benítez, Cacho Villalba, Víctor Maceda, Jorge Villalba, Raúl Pereira, Washington Rossano, Julio Huelmo y Alberto Gómez.

Dando claras muestras de angustia, recordaron que unos 20 de sus compañeros ya murieron en una larga serie de tristes sucesos.

«Aquí nadie olvida las tragedias que han ocurrido en estos años. Ahí tenemos los casos de chalanas como El Halcón de los Mares, Tropezón, Santa Cecilia, la Pablo Daniel, La Polaca, la Odisea y varias otras.

Y estamos hablando sólo de los casos que ocasionaron muertes, pero hay muchísimos otros originados en el trabajo donde en estas condiciones el peligro siempre está latente. Hicimos todo lo posible, todo lo humanamente posible, para conseguir los equipos de sobrevivencia de que tanto hablan, pero no conseguimos nada.

Y no sólo nos movilizamos los pescadores de Montevideo y de Canelones sino también los de Rocha, los de todos lados.

Hablamos con legisladores, fuimos a varias comisiones parlamentarias, hicimos gestiones de todo tipo y el resultado siempre fue negativo. Un diputado llegó a decir que la ley de 1992 era tan pero tan perfecta que no se podía cumplir. Es increíble pero es cierto. Con ese tipo de cosas nos tenemos que enfrentar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de pescar? ¿De qué vamos a vivir, cómo vamos a alimentar a nuestras familias, a nuestros hijos? Sucede que ganamos muy poco, que ninguna ley nos protege, que nuestra situación es cada día peor y no podemos perder ninguna oportunidad de ganar un peso. Estamos librados a nuestra propia suerte, cada vez más necesitados y pobres. Si el mar a veces amenaza, peor es el hambre».

La consecuencia

Empujados por la necesidad, víctimas de la violación de una ley que nunca se cumplió, el jueves 15 cuatro pescadores, Miguel Angel Viera, Inter Díaz, Fernando Ciavaza y Heber Daniel Cabrera salieron a recoger los 45 palangres que habían calado el día anterior.

Miguel Angel tenía 53 años, Inter 43, Heber 35 y Fernando apenas 19. Inter era padre de 7 hijos y Heber de 5. Karina, la compañera de Fernando, está cumpliendo su octavo mes de embarazo.

El mar estaba agitado, pero, como muchas otras veces, los cuatro bravos hombres debieron enfrentar el peligro porque necesitaban desesperadamente, al igual que todos sus compañeros, el dinero que les podía redituar la captura.

No llevaban a bordo el potente trasmisor VHF que permite comunicarse rápida y directamente con la Prefectura Naval en caso de emergencia, ni las costosas bengalas que se usan para dar aviso de un naufragio.

No tenían nada de eso porque en 1992 se gastó «en otras cosas» el dinero que por mandato expreso del Poder Legislativo debía dedicarse a la compra de elementos de seguridad para los pescadores artesanales. El mar se tragó a los cuatro.